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Janina Ortíz fue finalmente imputada

Este miércoles, Janina Ortiz fue imputada por coacciones agravadas y amenazas luego de prestar declaración indagatoria ante el fiscal Juan Ticheli. Ortíz había presentado una serie de medidas que demoraron su imputación en la causa en la que se la acusa de haber obligado a una empleada a mantener encuentros íntimos con un funcionario de la comuna. La trabajadora del municipio denunció que la exsecretaria de Gobierno de Las Heras la había amenazado para que grabe durante un encuentro sexual al subsecretario de Políticas Sociales, Osvaldo Oyhenart.

En concreto, afirma que fue obligada a entregar el audio y que la amenazaron con un arma de fuego. Ese es el delito por el que la terminó imputando el fiscal Ticheli en base a la investigación que había realizado el fiscal de Delitos No Especializados, Gabriel Blanco.

Este miércoles, Janina Ortiz dio su versión de los hechos y puso énfasis en la prueba que han aportado en el expediente para demostrar su inocencia. En concreto, aseguró que existen motivos políticos detrás de la denuncia vinculados a la ruptura entre el exintendente Daniel Orozco y Cambia Mendoza. Sobre todo porque en los mensajes de la denunciante se habla de otras personas que ofrecían dinero para hacerse de ese audio y que querían hacerlo público.

«Todas las actuaciones que mi defensa realizó fueron en base a, como mencioné en mi declaración, inconsistencias, mentiras, contradicciones, que en las mismas denuncias y en las mismas desgrabaciones del Ministerio Público Fiscal le hizo al teléfono de una de las denunciantes. Allí consta que esta fue una causa armada, una causa política y deja constancia de las mentiras. Jamás hubo amenazas mías para que se acostaran con ningún funcionario y menos que iban a perder el trabajo», esgrimió Janina Ortiz al salir de la sala de audiencias.  «Ellas mismas -las denunciantes- dicen que han armado esto con Cambia Mendoza. Son ellas quienes mencionan a estos políticos, no yo. Entonces en base a eso es que hemos presentado las pruebas», adhirió. Incluso dijo que las mismas denunciantes admiten en sus diálogos que querían vender la información con fines políticos.

Por otro lado, Ortiz también es investigada en otra causa que se desprendió del audio que grabó la empleada denunciante. En el mismo se escucha como el exsubsecretario de Políticas Sociales decía manejar contratos a través de una cooperativa de trabajo y se formó una investigación de oficio. Para el Ministerio Público, se trató de un mecanismo que se utilizó para desviar fondos municipales a través de contrataciones truchas para un servicio de limpieza que nunca se cumplió.

Por esa causa están imputados Mario Daniel Orozco; el Jefe de Licencias de Conducir, Hernán Matías Mostaccio; el Director de Compras y Suministros, Mauricio Rafael Valle; el Sub Secretario de Políticas Sociales Osvaldo Alberto Oyhenart;  el Secretario de Hacienda, Carlos Arturo Nofal; el Director de Asuntos Legales, Mauro Sebastián Homan; el agente contratado, Juan Pablo Pandolfi; el el ex Sub Director de Contaduría Daniel Germán Herrera y  Adrián Alejandro “Moco” Pérez. Ortíz también es acusada de haber sido parte de esas maniobras pero su imputación aún no se concreta.

La demora en la imputación de la diputada provincial tiene varias razones. En primer lugar, gozaba de fueros por ser legisladora provincial pero ese tema quedó cerrado luego de que la Cámara de Diputados aprobara el desafuero. Luego de ello, la defensa de la exlegisladora presentó una serie de medidas que dilataron la imputación. Sobre todo, cuestionando la idoneidad del juez Sebastián Sarmiento, que fue el que rechazó los planteos de Ortiz para evitar su imputación.

La abogada de Ortiz, Elena Quinteros apeló la decisión de Sarmiento y la causa la terminó resolviendo la Suprema Corte.  El principal cuestionamiento de Janina Ortiz tenía que ver con la forma en la que Sarmiento se convirtió en juez del Penal Colegiado afirmando que, en realidad, se trataba de un juez de Ejecución que debería haber rendido para el cargo que hoy ocupa. Los planteos fueron rechazados en abril por José Valerio, Omar Palermo y Mario Adaro.

«No resulta adecuado afirmar que el juez interviniente en primera instancia en estas actuaciones carezca de aptitud e idoneidad para resolver los diferentes planteos que se deduzcan en el devenir del proceso», sostuvo la Sala 2 de la Suprema Corte.

Finalmente, este miércoles la diputada provincial quedó formalmente imputada en la causa por coacciones agravadas y amenazas y sería inminente su imputación por fraude a la administración pública en la causa de la cooperativa Manos a la Obra. Ahora, deberá defenderse en la Justicia de las acusaciones que existen en su contra.

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