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Teatro Plaza, el estado de salud de las mujeres que permanecen internadas

Una mujer de 27 años sigue internada en terapia intensiva, y en estado reservado, tras ocurrido días atrás en la puerta del Teatro Plaza de Godoy Cruz que dejó 23 lesionados.


Tras el accidente ocurrido el domingo 10 de julio, cuando un conductor discapacitado chocó su vehículo contra la entrada del local, fueron derivadas al Hospital Central tres mujeres que presentaron las lesiones más graves, y el resto, que necesitó asistencia a otros centros médicos.

De ellas, Gabriela Rodríguez, de 27 años, continúa en estado grave, y según el ultimo parte medico «está en unidad de terapia intensiva con cuidados críticos multidisciplinarios. En regular estado general; afebril; hemodinámicamente estable; con soporte ventilatorio». «Continúa con sedación y analgesia. Reflejos presentes. Y su pronóstico es reservado», añadieron desde el Central.

Una en sala común y la otra ya dejó el hospital

Lidia Palorma, de 75 años, está «hemodinámicamente estable» y presentó «mejorías en su edema facial» mientras continúa en sala común y a la espera de una cirugía facial.
Alejandra Córdoba, de 59 años, ya fue dada de alta.
El siniestro vial ocurrió el domingo 10 de julio, al término de la función de la obra Dos Locas de Remate que protagonizan las actrices Soledad Silveyra y Verónica Llinás.

Un artista plástico, Aldo Díaz (62), perdió el control de su Volkswagen Virtus gris, el que aparentemente no tenía mecanismos de adaptación para discapacitados, se subió a la vereda marcha atrás y se incrustó en la entrada del teatro, atropellando a las personas que esperaban la salida de las actrices para saludarlas.

El fiscal Jorge Calle lo imputó el martes pasado por «lesiones culposas graves por la conducción antirreglamentaria e imprudente de un vehículo automotor en la vía pública, agravadas por ser más de una víctima y lesiones leves culposas todo en concurso real».

Con prisión domiciliaria

El jueves pasado la Justicia decidió otorgarle la prisión domiciliaria.


Si bien el delito es excarcelable -la pena mínima es de 2 años- y no tiene antecedentes penales, el fiscal de Tránsito Jorge Calle dijo que debía rendir una fianza de $1,5 millones si quería recuperar su libertad.

Esto nunca ocurrió y el defensor oficial Gabriel Galeota presentó un hábeas corpus. Se trata de un recurso para que un juez revise en forma inmediata las condiciones de detención de una persona. El argumento es que Aldo Díaz tiene una discapacidad para movilizarse y esta condición de salud no permitía que esté tras las rejas.


La jueza Mariana Gardey escuchó los argumentos de las partes y finalmente resolvió un punto intermedio entre la Fiscalía y la defensa: el arresto domiciliario. De esta forma, el hombre deberá acreditar la propiedad donde quedará detenido hasta que pueda rendir la millonaria caución para recuperar la libertad. Además dispuso la utilización de una pulsera electrónica para monitorear su ubicación.

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