Pablo Tonelli, diputado nacional, pidió el desafuero del Juez Walter Bento
Juez Federal Walter Bento 
Diputado nacional Pablo Tonelli
El juez federal con competencia electoral, Walter Bento, que está procesado como presunto líder de una asociación ilícita dedicada al cobro de coimas a cambio de beneficios judiciales, sigue cosechando medidas y acciones en su contra. Esta mañana el instructor de la causa en el Consejo de la Magistratura, Pablo Tonelli, solicitó el desafuero del magistrado, su consecuente prisión preventiva, y que lo releven o suspendan de su cargo mientras se lo investiga la Justicia.
El pedido lo hizo mediante un documento al presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación Diego Molea, para que sea propuesta en la próxima reunión. La acción fue motivada ya que, en el ámbito de la investigación judicial que llevan adelante el fiscal federal Dante Vega y el juez Eduardo Puigdéngolas, el procesamiento y la orden de prisión preventiva “se encuentran firmes y pasados en autoridad de cosa juzgada, debido al libre y expreso consentimiento del juez Bento”.
Tonelli dijo que la solicitud se basa “en la circunstancia novedosa de que a raíz de desistimiento de Bento ha quedado firme la decisión del Juez de procesarlo y dictarle la prisión preventiva”. Como los jueces tienen fueros, según establece la ley 25.320, es necesario que sea el propio Consejo de la Magistratura quien decida en plenario sus posibles desafueros, que podrían desembocar en el arresto preventivo, y la suspensión o remoción de su cargo.
De esta manera, el legislador indicó que seguramente en la próxima reunión que tenga el Consejo de la Magistratura, que tiene 13 miembros, se podría tratar este tema en plenario, e informó que se necesita la mitad más uno de los miembros presentes para lograr un desafuero. “Es necesario resolver la situación del juez Bento rápidamente”, marcó el Diputado, pero destacó que aún no hay fecha para la próxima sesión formal.
“Yo propongo que quitemos esa inmunidad de arresto a Bento, dado el hecho que quedó firme la prisión preventiva y que la situación es irregular”, sintetizó.
Respecto al análisis que hace Tonelli del tema, y más teniendo en cuenta que el Juez Federal tiene a su cargo la fiscalización de las elecciones en Mendoza, comentó que le parece “una situación sumamente irregular y perniciosa que un juez con prisión preventiva y procesamiento firme, continúe ejerciendo su cargo y decida sobre libertad, honra y fortuna de los argentinos”.
De manera paralela a la investigación penal, en el Consejo de la Magistratura actualmente se abrió a prueba el expediente disciplinario, se han requerido algunas medidas, y están a la espera de la declaración de testigos, tal como informó el miembro del organismo.
En su escrito, el diputado nacional de Juntos por el Cambio, expresó que “es necesario dar trámite formal a la comunicación recibida a fin de que el plenario de este Consejo tome conocimiento del oficio recibido, ponga a consideración la cuestión y resuelva la dispensa temporal del privilegio de inmunidad de arresto del magistrado en cuestión, así como el relevamiento transitorio de su cargo mientras tenga vigencia y operatividad la orden privativa de libertad dispuesta por el Poder Judicial”.
El instructor señaló que “ante una resolución judicial que dispone la detención de un ciudadano que goza de inmunidad, ésta solo podrá ejecutarse si el órgano constitucional competente resuelve dispensar transitoriamente o hacer cesar definitivamente aquella inmunidad, a fin de que el funcionario quede a disposición del juez competente para que se haga efectiva la medida privativa de la libertad”, y agregó que en este punto “es de crucial importancia comprender y subrayar que la inmunidad de arresto puede cesar de modo transitorio o definitivo”.
Para Tonelli ha resultado “decisivo” advertir que el magistrado “ha desistido voluntaria y expresamente del recurso de apelación” y que, “a diferencia de muchas otras situaciones, la medida restrictiva de la libertad fue aceptada expresamente por el juez, sin condicionamientos”.
Es importante marcar que es el Consejo de la Magistratura el que tiene competencia constitucional y legal para ordenar la suspensión en el cargo de un magistrado con motivo de la apertura de un proceso de remoción.
Por eso mismo Tonelli requirió que el organismo decida si concede “transitoriamente” la inmunidad de arresto ante una decisión judicial “libre y expresamente consentida”. También sostuvo que hay una “necesidad” de que el funcionario público sea separado para que se pueda evitar que ejerza la función de juez mientras exista la medida restrictiva de la libertad.
“Nos encontramos ante el caso de un juez federal procesado por la supuesta comisión de múltiples y gravísimos delitos, a quien se le ha dictado un procesamiento con prisión preventiva, pero en virtud de la inmunidad de arresto consagrada en la ley 25.320, continúa ejerciendo su cargo e ‘impartiendo justicia’”, razonó Tonelli.
Y finalizó: “Se hace muy difícil explicar a la opinión pública y especialmente a los justiciables, que un juez que debería estar preso resuelve cotidianamente los casos que tramitan en el juzgado del que es titular y decide sobre la honra, la libertad y la fortuna de quienes se ven sometidos a su jurisdicción”, sostuvo Tonelli en su escrito, mientras avanza la investigación tanto en sede judicial, como también en el Consejo de la Magistratura.
Fuente: Diario Los Andes
