El fiscal Tomas Guevara envió en la tarde de este miércoles a un grupo de especialistas del Cuerpo Médico Forense para realizar un examen completo a Janina Ortiz, la secretaria de Gobierno de Las Heras y pareja del intendente Daniel Orozco.

Hay que recordar que, este martes, Ortiz denunció que fue atacada y golpeada en la calle por un hombre encapuchado, quien le dijo «esto es por la denuncia contra Lo Presti (ex funcionario de Las Heras y candidato a intendente por Cambia Mendoza)».

Cuáles fueron las consecuencias de los golpes de Janina Ortiz

El informe del Cuerpo Médico Forense -que se realizó en presencia del director del Hospital Español, Walter Vázquez, y de dos médicas más- expresa que se constató hematoma violáceo de párpado inferior izquierdo, con 2 escoriaciones de 2 mm de diámetro y 5 mm de diámetro.

Además, indica que la recuperación de las lesiones puede demorar hasta 30 días máximo. Luego de este plazo la funcionaria puede volver a trabajar. «Por ello, a los efectos legales, se consideran lesiones leves», reza el informe.

Por último, expresa que no se observaron otras lesiones traumáticas recientes en el resto del cuerpo y que no hubo peligro de vida para Janina Ortiz.

Horas antes, desde el Hospital Español habían emitido un parte médico que informaba acerca de «politraumatismos con «traumatismo de ojo, traumatismo craneano sin pérdida de conocimiento, traumatismo de rostro y posibles traumatismos costal y de hombro».

Debido a las lesiones, Ortiz fue sometida a tomografías de cerebro, de macizo facial y de tórax que resultaron «negativas para hallazgos traumatológicos».

El hecho tal y como lo contó la abogada de Janina Ortiz

En comunicación telefónica con Diario UNO, María Elena Quiroga, abogada de Janina Ortiz, informó de qué se trató la denuncia que la funcionaria de Las Heras realizó este martes 20 de junio.

Cuando ocurrió el ataque, Ortiz se encontraba caminando cerca de su domicilio, en la calle Aristóbulo del Valle de Guaymallén. Lo hacía en compañía de dos funcionarias del municipio: Priscila Maturano (concejal) y Mayra Farías (colaboradora de la Secretaría de Gobierno).

Cerca de las 18.30 y apenas terminaron de cruzar la calle Matienzo, las tres mujeres vieron venir, de frente, a un hombre encapuchado que levantó la mano bruscamente y atacó a Ortiz, golpeándola en la cara y tirándola al piso.

Una vez que la mujer cayó, el hombre continuó pegándole. La abogada contó que «a mi clienta le dijeron que se quedara callada y que retirara la denuncia que tiene contra un candidato de Las Heras».

La denuncia en cuestión es contra Francisco Lo Presti por presunto enriquecimiento ilícito. Data de poco más de 10 días y recayó en la Fiscalía de Delitos Económicos que comanda Flavio D’Amore.

Luego del hecho, las dos funcionarias que la acompañaban la llevaron en auto a la guardia del Español. Según aseguró la abogada, camino al hospital Janina Ortiz tuvo vómitos y llegó en estado de shock, producto del pánico que sufrió por lo ocurrido.

Por esto la mujer quedó en observación en el sanatorio.

Sin embargo, las conclusiones del Cuerpo Médico Forense claramente se refieren a lesiones leves que no pusieron en peligro la vida de la secretaria del Gobierno de Las Heras.

El difícil contexto de Las Heras

Por lo ocurrido, Omar De Marchi y Daniel Orozco, candidatos a gobernador y vicegobernador por el frente La Unión Mendocina, brindaron este miércoles una conferencia de prensa.

Ambos candidatos responsabilizaron al senador nacional Alfredo Cornejo de dirigir un «sistema de disciplinamiento político», tras la agresión denunciada por Janina Ortiz.

La denuncia del ataque a Ortiz se produjo cuatro días después del allanamiento a la Municipalidad de Las Heras en busca de documentación oficial por las supuestas irregularidades con cooperativas de trabajo financiadas con fondos públicos.

Esa investigación está cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos. Las dependencias que están en la mira judicial son justamente la Secretaría de Gobierno, a cargo de la pareja del intendente Orozco-, y la cartera de Políticas Sociales, en manos de Osvaldo Oyhenart, quien fue denunciado a través de un audio entregado a la Fiscalía.

Lo que sucedió

El fiscal de Delitos Económicos Flavio D’Amore analizará esta semana el material secuestrado en Las Heras. Tras el allanamiento al municipio por el presunto manejo ilegal en cooperativas ligadas a un funcionario de Daniel Orozco, la Justicia se dispone a revisar cada movimiento económico en torno a esas firmas y sus titulares. En el medio, el intendente y la secretaria de Gobierno, Janina Ortiz, se defendieron afirmando que todo es un «carpetazo» orquestado por Cambia Mendoza.

Lo que dicen las cámaras (se secuestraron tres terabytes de filmación), el registro minucioso a los celulares como el del funcionario a cargo de Políticas Sociales, Osvaldo Oyhenart, y la lupa en cuatro organizaciones que le facturaban a la comuna son los ejes sobre los que empezará a trabajar el fiscal apenas arranque la semana.

Todo está en el marco de una guerra política entre las dos fuerzas que más votos sacaron en las elecciones PASO del pasado domingo: Cambia Mendoza frente al demarchismo, del que Orozco es candidato a vicegobernador.

Horas decisivas

Una «barrera» de policías formados en fila se frenó en seco en el patio de la municipalidad este viernes por la mañana. Los empleados los miraban sorprendidos, mientras adentro, el fiscal que lidera la investigación por el supuesto cooperativismo trucho avanzaba pidiendo documentos y secuestrando computadoras. La intención era empezar a conocer cómo se movían esas entidades; algunas de ellas, manejadas por familiares directos de dos colaboradores de Orozco: Osvaldo Oyhenart y Fabián Manzur.

El primero es quien teóricamente fue escrachado en los audios que desataron la acción judicial de oficio. Aquellos en los que a una mujer le ofrecen recibir ingresos de una cooperativa, pero sin trabajar y sólo brindando «el nombre de un varón» para que figurase en los registros. Es el subsecretario de Políticas Sociales de la comuna, Oyhenart, quien fue sostenido en su cargo.

Manzur, por su parte, es el empresario que hasta hace días fue precandidato de La Unión Mendocina en Guaymallén, pero que además, según datos oficiales, también figuraba como asesor de la intendencia hasta abril.

El arranque de los análisis estará puesto en los expedientes de pago a ciertas entidades. Los decretos a través de los que se direccionaron los montos fueron oficializados, pero ahora la pregunta que se hacen los investigadores es cómo se usó aquel dinero: si efectivamente se destinó a donde fue expresado y si las contraprestaciones coinciden con las cifras millonarias que se adjudicaban.

La luz se posará sobre todo en torno a cuatro organizaciones: una es la fundación Juntos X Vos, que en documentos figura presidida por Matías Manzur, hijo del mencionado Fabián Manzur, y en teoría incluyó laboralmente a jóvenes en escuelas de verano. Su facturación superaría los 21 millones de pesos. Las otras son Manos a la Obra (una cooperativa de recicladores de residuos que le da trabajo a 70 personas ; Aprocum, que estaría vinculada a Juan Pablo Pandolfi, el yerno de Oyhenart, y Abriendo Senderos, también con Pandolfi entre sus participantes, según trascendió.

En torno a esas entidades – y sólo esas- es que se encaró la pesquisa en el municipio. Es posible que el material recuperado contenga el accionar de otros cooperativistas, y debe recordarse que los críticos de Orozco hablan de una treintena de organizaciones creadas desde 2019 hasta acá -sin que eso implique ningún tipo de irregularidad per se-. Aquellas no están en la mira principal de la investigación; al menos por ahora. Lo que sí, la conclusión inicial de quienes trabajaron el expediente es que dos cooperativas tienen domicilios en casas abandonadas. Una de ellas, en el barrio Colombia de ese mismo departamento, explicaron.

Lo que no se contó del viernes a la mañana

Cuando comenzó el allanamiento en el municipio, los efectivos y el personal de la fiscalía se fueron directo a la subsecretaría encabezada por Osvaldo Oyhenart. Esa oficina es el epicentro de la causa. No sólo porque es su área la que coordinaba el vínculo entre las organizaciones ahora sospechadas y la intendencia, sino porque, si efectivamente es su voz la del audio viral, el hombre estaría implicado en el manejo más que irregular de las arcas estatales: «La cooperativa la controlo yo. Renunciá y yo te pago todos los meses», se escucha, entre otras frases contundentes, en el material. Hasta ahora no se ha admitido oficialmente que sea él.

De cualquier modo, tanto la documentación de ese despacho como sus dispositivos personales son cruciales para descubrir si hubo o no ilícitos. Y ahí es donde se truncó uno de los objetivos del «allanamiento» del viernes, porque su oficina no tenía computadora. Era la única de todas las que revisaron que no tenía una PC en el escritorio. Eso encendió la duda respecto a si se la había llevado días antes para encubrir algo -como algunos empleados habrían señalado-. A su celular Oyhenart sí lo entregó sin problemas, al igual que su yerno, Pandolfi. «Cooperaron amablemente», se dijo sobre el momento en que la Justicia irrumpió en sus casas particulares, horas después.

En torno al misterio de la computadora inexistente, el hecho es que tampoco hay cámaras que den al despacho del investigado, así que los tres terabytes de filmaciones que tiene la Justicia no sirven para ver si hubo o no una máquina o si efectivamente fue retirada antes. Al menos no hay imágenes que apunten a su puerta, ni mucho menos a su escritorio. Lo que sí hay es una cámara que apunta a un pasillo externo, justamente colindante con la oficina que ocupara el hombre señalado. Eso es clave: todo lo que haya registrado en los días previos ya está guardado en un disco rígido y ahora reposa en una dependencia judicial.

Pero no fue tan fácil: en el medio del operativo hubo un incidente. Según expresaron, un hombre denunció que lo habían golpeado en pleno edificio municipal (no se supo quién), y al acercarse gente de la fiscalía, lo que contaron los policías era que se estaba resistiendo a entregar el material de las cámaras. «No quiso hacer la denuncia de esa supuesta agresión, y las filmaciones se las llevaron igual. Pero nadie pudo ver si ocurrió o no el hecho porque estaban en lugares distintos de la intendencia», dijeron.

UNO chequeó con otras fuentes cercanas y afirmaron que las iniciales de la persona son G.R., y que había sido detenido por desacato en ese mismo momento. Esto último fue desmentido por entidades oficiales; además, el casi centenar de testigos que vio todo -desde dentro y fuera de la intendencia- hubiera advertido si se llevaban a alguien. A propósito de quienes observaban, otro detalle al que tuvo acceso este diario es que la fiscalía jamás habría pedido que se cerraran las puertas del edificio. Es decir, que no entrara ni saliera nadie no fue orden de D’Amore, según cuentan. Como paralizó el normal funcionamiento de los municipales, fue denunciado por la intendencia como un intento boicot al pago de prestadores que buscaba generar enojo con Orozco. Así lo señaló la secretaria de Gobierno, Janina Ortiz.

La investigación desconocida

Las causas desprendidas de los audios son tres, como se sabe. Una contra Janina Ortíz por posible delito de coacción -investigan si ella obligó a la mujer del audio a tenderle una trampa a Oyhenart, lo cual ella ya desmintió-; otra para conocer si la misma mujer de las escuchas sufrió algún delito contra la integridad sexual, y por último, las potenciales irregularidades con las cooperativas y el municipio. Esta última todavía no tiene una carátula concreta y no la tendrá hasta saber qué va a revelar el material secuestrado.

En realidad, el expediente no es nuevo. Ya estaba abierto de oficio desde el miércoles a la tarde. Cuando el fiscal Gabriel Blanco, de Delitos No Especializados, envió la compulsa, casi 24 horas después, lo que hizo la unidad de Delitos Económicos -que lidera D’Amore- fue fusionar ambos expedientes. Ahora, en torno a esa tarea comienzan días decisivos para el futuro inmediato de todos los implicados. Aunque al menos por lo pronto no se habla de imputaciones a la vista, es algo que desde luego podría cambiar ante la aparición de un dato que las amerite.

Pero las pesquisas no se van a quedar ahí. Como adelantó Canal 7 el viernes a la tarde, los concejales de Cambia Mendoza Hernán Quevedo y Daiana Gatica -cercanos al cornejismo el primero y a Fabián Tello la segunda- avanzarían con un pedido de informes ante la Oficina de Ética Pública que conduce Gabriel Balsells Miró. Eso implica que habría 15 días después de hecha la acción para que aparezcan las respuestas solicitadas en el municipio.

Pero no es lo único que trascendió por estas horas: la novedad es que la Oficina de Ética ya se había movido y está en plena investigación: tan pronto como la fiscalía estuvo trabajando el caso, el organismo también abrió un expediente de oficio y giró pedidos a distintas instituciones. No se sabe cuáles, aunque se intuye que, como mínimo, la intendencia es la principal.

A pesar del silencio con que se activó esa búsqueda, ya hay un expediente y una pesquisa en curso. A eso se sumará lo que ingrese el próximo miércoles desde el Concejo, si es que cumplen con lo anunciado. De todos modos, regiría el secreto de sumario inmediatamente, así que tampoco allí podría accederse a información.