La Legislatura aprobó la emergencia en anestesiología, también hay conflicto en el área privada
La Legislatura dio hoy sanción final a la Sesión en la Cámara de Senadores y Diputados el proyecto de emergencia en anestesiología, con el que buscará frenar al menos por 4 meses la crisis que hay en el sector tras una ola de renuncias y miles de cirugías programadas postergadas en Mendoza, y pasó la ley para su promulgación al Poder Ejecutivo.
La iniciativa tuvo un gran acompañamiento opositor. En la Cámara Alta, hubo 36 votos positivos y solo 2 negativos, que fueron de los senadores justicialistas Bartolomé Robles y Rafael Moyano. En tanto, el proyecto también fue aprobado con amplia mayoría en la Cámara Baja, que terminó cerca de las 14.30 con la votación afirmativa. Allí la diferencia fue aún mayor, ya que hubo 47 votos a favor y solamente 1 en contra, cuyo voto perteneció a Mercedes Llano, del Partido Demócrata.
El proyecto, hoy convertido en ley de forma rápida, tuvo varios cambios respecto de su redacción original que presentó la ministra de Salud, Ana Nadal. El oficialismo agradeció a la oposición el acompañamiento que tuvieron en el tema, cuya negociación principal se dio ayer, y que recién terminó de modificarse esta mañana en plena sesión de la Cámara de Senadores.
PUNTOS IMPORTANTES DE LA LEY DE EMERGENCIA EN ANESTESIOLOGÍA
El corazón de la ley apunta principalmente a terminar con la sangría de renuncias a prestaciones que realizaron en los últimos meses 68 anestesistas de Mendoza, de los alrededor de 150 que tiene la administración pública de los hospitales del Estado (entre público y privado, son cerca de 250 los profesionales de este sector).
De esta manera, el artículo 1 declara la emergencia en anestesiología por un plazo de 120 días “con el objetivo de asegurar a la población el acceso a los servicios de anestesiología de forma equitativa y oportuna”, y este plazo podrá ser prorrogable “por otro periodo igual por única vez”, con ratificación legislativa. Este punto fue uno de los cambios a la ley, ya que anteriormente el plazo de la emergencia estaba planteado en 18 meses.
Por otro lado, establece en su artículo 3 que las renuncias de los anestesiólogos “se harán efectivas una vez notificada su aceptación o transcurrido el plazo de 120 días corridos de presentada la misma”. De esta manera, el Gobierno de Rodolfo Suárez se asegurará de no contar por los próximos 4 meses de renuncias de los profesionales del sector, salvo que sean por razones de fuerza mayor.
“Durante este periodo, el profesional que haya presentado su renuncia, deberá cumplir con las exigencias y necesidades de su servicio y/o funciones profesionales”, aclara la ley, y marca que, en caso de incumplimiento, “será de aplicación la sanción de suspensión en el ejercicio profesional de 1 mes a 5 años”.
En el artículo 4, por otro lado, se expresa que se podrá convocar a ex residentes y/o ex jefes de residentes de anestesiología egresados del Sistema Provincial de Residencias y/o a profesionales anestesiólogos que hayan prestado servicios en el Estado en los últimos 5 años, “con el fin que presten servicios, incluidas las guardias, tanto de semana como de fines de semanas y/o feriados”. En este artículo se eliminó, tras el pedido de la oposición, la posibilidad de convocar a jubilados con menos de 5 años de haber dejado de trabar, y que tuvieran su matrícula vigente.
Otro punto importante es el artículo 7, en el cual se faculta al Ministerio “a que arbitre los medios tendientes a implementar la formación y capacitación en prácticas anestésicas de profesionales médicos y técnicos anestesistas, como así también la formación de los profesionales residentes en la especialidad de anestesiología”.
Respecto a esta situación, en el oficialismo sostuvieron que el promedio de formación de anestesistas “es muy bajo”, ya que ronda los 10 nuevos profesionales por año (en 2021 hubo solo 6), por lo que aguardan la posibilidad de sumar a futuro un convenio con la Universidad de Córdoba para tener la posibilidad de recibir a profesionales desde aquella provincia.
Por último, se agregó un artículo, el 8, que prevé la conformación de una “Mesa de Diálogo” con la participación de todos los sectores (oficialismo, oposición y organizaciones de anestesiólogos) para intentar llegar a acuerdos para solucionar el problema de fondo. La duración de esta mesa será hasta que se mantenga la emergencia en el sector
DOS SESIONES EN UN DÍA
La Legislatura es la sede hoy del debate por el proyecto de ley de emergencia en anestesiología, que presentó el Poder Ejecutivo el viernesy que ayer tuvo importantes modificaciones en el articulado de una iniciativa que busca aplacar al menos la crisis que se vive en el sector.
Tras horas de debate, hubo principio de acuerdo entre el oficialismo y la oposición y por eso mismo se realizó un “súper martes” de sesión, en la cual hubo discusión tanto en Senadores como en Diputados (se adelantó la sesión del miércoles porque ese será el día del Censo Nacional).
Conflicto también en el área privada con los médicos anestisólogos
En paralelo al debate en la Legislatura por la ley de emergencia en anestesiología, el sector privado de la salud de Mendoza denunció este martes que los médicos anestesiólogos suspendieron sus servicios, derivando en la suspensión de las cirugías programadas de pacientes en clínicas y sanatorios.
“Ante la decisión, tomada de manera inconsulta e intempestiva, la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Mendoza (Aclisa) manifiesta su rotundo rechazo por considerar que afecta gravemente a pacientes y clínicas privadas”, dijeron desde el sector privado de la salud.
Según aseguraron, los anestesiólogos que brindan servicios en los hospitales, clínicas y sanatorios del subsector privado suspendieron sus actividades para visibilizar el conflicto que tienen en la salud pública.
La medida obligará a los efectores privados a suspender cirugías al no contar con este personal indispensable para su concreción. “Esto no fue notificado previamente a las instituciones, por lo que muchas personas han realizado su preparación previa y viajes desde lugares remotos con la esperanza de concretar una intervención que, en estas circunstancias, no se va a poder realizar”, advirtieron desde el sector privado en un comunicado.
“Están tomando de rehén a la población ante esta decisión particular a quienes se atienden en el sector privado de la salud, para visibilizar un problema netamente económico”, expresó Rodolfo Torres, coordinador médico de Aclisa, quien pidió a la comunidad informarse sobre la situación en los respectivos establecimientos de salud por reprogramaciones.
“Se trata de una medida intempestiva, inconsulta, que genera daños a la población, porque obliga a suspender cirugías incluso a pacientes preparados, genera perjuicios a las clínicas porque es un día en que no podrán trabajar y generar ingresos en un sistema de salud que ya viene golpeado, este es un nuevo golpe”, subrayó.
