Cesión de tierras: un conflicto que crece entre Nación y provincia, ya que se reconocieron nuevos terrenos a una comunidad mapuche
El gobernador Rodolfo Suarez repudió la resolución del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) que reconoce la ocupación de 4.477 hectáreas en Malargüe en favor de una comunidad mapuche.
Lo hizo por Twitter: consideró que son «terrenos de propiedad privada» y habló de «cesión» de los mismos y no de ocupación.
Los situó geográficamente en el ingreso de la ruta que conduce a Las Leñas y frente a la Laguna de la Niña Encantada y advirtió de que en esa zona «también existe actividad petrolera».
Otra resolución en favor de los mapuches
La resolución del INAI en favor de la comunidad mapuche Lof Limay Kurref fue publicada este viernes en el Boletín Oficial de la República Argentina al cierre de una semana marcada a fuego por el conflicto entre mapuches, funcionarios y políticos por la disposición de tierras en el Sur mendocino.
Sorprendió la publicación de esa pieza administrativa, la segunda en una semana, y para muchos fue algo así como «una mojada de oreja» para quienes plantearon disconformidad, generalmente desde el oficialismo mendocino.
Suarez no escapó a la sorpresa: «Amanecimos con una nueva resolución del INAI», comenzó el tuiteo.
Luego apuntó contra el Gobierno de Alberto Fernández, a quien le atribuyó «entregar tierras y activos económicos de Mendoza».
Sigue el conflicto por tierras a mapuches
Insistió el gobernador con que la Provincia iniciará acciones judiciales contra las resoluciones del INAI que favorecen a comunidades mapuches pero hasta el momento no se ha radicado planteo alguno.
En materia judicial existen al menos dos antecedentes de conflicto entre mapuches y privados por tierras en Malargüe y San Rafael.
En 2021, la Sala I de la Suprema Corte de Justicia rechazó la pretensión de la comunidad Lof Suyay Levfv de legitimar la posesión de tres lotes en la zona de Los Molles, Malargüe.
En febrero de 2022, la Cámara de Apelaciones Civil de San Rafael desestimó el reclamo de posesión de terrenos en San Rafael como producto de la demanda que inició una empresa privada contra una referente de la comunidad Lof El Sosneado. Hoy, ese caso está en revisión de la Corte.
La nueva resolución del INAI
En este caso se trata de más de 4 mil hectáreas en la zona de Los Molles, del departamento de Malargüe. Este nuevo caso se trata de la «Comunidad Lof Limay Kurref». Esa organización tiene una ventaja sobre el resto, porque ya tiene personería jurídica, un requisito exigido por la ley.
«Dése por cumplido el Relevamiento Técnico, Jurídico y Catastral dispuesto por el Artículo 3° de la Ley Nacional Nº 26.160, Decreto PEN N°1122/07 y la Resolución INAI N° 587/07 en la Comunidad Lof Limay Kurref, perteneciente al Pueblo Mapuche, con asiento en la provincia de Mendoza, con Personería Jurídica Nro. 754 del 06 de agosto de 2014 del Registro Nacional de Comunidades Indígenas Re.Na.C.I.», dice la resolución del INAI. «Reconócese la ocupación actual, tradicional y pública de la Comunidad Lof Limay Kurref, perteneciente al Pueblo Mapuche, con asiento en la provincia de Mendoza», agrega.
Es la tercera organización del Sur de Mendoza que completa el trámite y consigue el reconocimiento de ocupación del INAI. Esto ni implica la titularidad de las tierras, pero sí el reconocimiento a que lo ocuparon en nombre de los pueblos originarios y, así, frenar desalojos y avanzar hacia otros trámites.
La organización Limay Kurref ha tenido participación en otros procesos. En reclamo de las tierras ya hubo causas judiciales, una de las cuales terminó en el freno al desalojo que habían pedido los propietarios de Las Leñas. También se presentaron en la Justicia para intentar frenar la realización de pozos petroleros con fractura hidráulica en la zona que hoy reconocen como ocupada por ellos.
En concreto pidieron que se declarara ilegal el Decreto que autorizaba el fracking en dos pozos de la empresa El Trébol. Ese pedido no se admitió y la exploración petrolera se realizó. La comunidad había exigido ser consultada. Como el proyecto se hacía como «aviso de proyecto», no se había realizado audiencia pública.
