Bentogate: se suman cámaras ocultas a las pruebas contra el juez, quién sería suspendido en dos meses de su cargo
El magistrado de Mendoza está acusado de enriquecimiento ilícito y sobornos; en el Consejo de la Magistratura estiman que podrían correrlo preventivamente de su cargo en dos meses, si no renuncia antes y avanzará con un juicio político en su contra.
Los peritajes tecnológicos se han transformado en la clave de muchas de las instrucciones penales de los últimos años. El avance de la ciencia está directamente relacionado a los trabajos investigativos y el esclarecimiento de las causas.
Y el Bentogate, la megainvestigación que mantiene al titular del Juzgado Federal Nº1 de la provincia, Walter Bento, procesado como jefe de una asociación ilícita dedicada a cobrar coimas para morigerar la situación procesal de detenidos federales, no es la excepción.
En los últimos días, los investigadores de la causa, el fiscal General Dante Vega y el juez Eduardo Puigdéngolas, recibieron el resultado de una serie de informes que se realizaron a los aparatos tecnológicos secuestrados durante los primeros allanamientos que se ordenaron en la causa, que se desarrollaron el 5 de mayo del año pasado en diversos domicilios del Gran Mendoza.
El resultado se incorporó al expediente principal y fue sorprendente: descubrieron cámaras ocultas que complican seriamente el accionar de uno de los abogados procesados en la causa y también al magistrado.
La citada jornada, los efectivos de Investigaciones que desplegaron los operativos incautaron teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos de algunos de los protagonistas de la historia que estaban bajo sospecha de corrupción.
Una de las medidas se desarrolló en la casa de la familia Aliaga, en el exclusivo barrio Palmares, de Godoy Cruz.
Apuntaba a buscar pruebas o indicios en los objetos tecnológicos del llamado nexo de la banda, Diego Aliaga, el hombre asesinado a fines del julio del 2020 en Guaymallén por lo que se cree fueron problemas de negocios con su amigo Diego Barrera, el principal sospechoso que tiene ese expediente.
En el análisis de los dispositivos descubrieron que Aliaga registraba con una cámara los encuentros que mantenía con personas de su entorno en su domicilio.
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Esta forma de actuar de Aliaga había sido aportada por Barrera cuando aportó pruebas de importancia al declarar en la causa del Bentogate, pero los detectives no habían obtenido las imágenes para confirmarlo.
De acuerdo con la información a la que accedió El Sol, los investigadores judiciales recuperaron y analizaron un video en el que se observa a Aliaga conversar sobre “negocios” con uno de los abogados procesados en la megacausa, Jaime Alba.
Palabras más palabras menos, se desprende del informe tecnológico, se escucha preguntar a uno de los protagonistas: “Lo metemos al Toben”, a lo que el otro responde: “No sé si va a querer entrar en esta”, tal como contaron fuentes de la causa.
Para los investigadores, no se trata de una prueba más en el sumario judicial, debido a que confirma que existía relación entre Aliaga, Alba y el juez Bento con directa relación a lo que se encuentran siguiendo desde hace meses, es decir, una posible organización que cobraba coimas a detenidos en causas de contrabando o de narcotráfico a cambio de otorgar beneficios como excarcelaciones o detenciones domiciliarias.
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Mientras estos peritajes se siguen acumulando en el expediente principal, la situación del magistrado continúa empantanándose en el Consejo de la Magistratura, que recibió el informe de un perito contable sobre su patrimonio, debido a que se encuentra también procesado por enriquecimiento ilícito y sobornos.
Bento sigue con prisión preventiva por 15 casos de cohecho y su mujer, Marta Boiza, y dos de sus hijos, Nahuel y Luciano, también están sospechados de lavado de dinero.
Asimismo, están procesados abogados como Jaime Alba, Luciano Ortego, Javier Angeletti y Luis Francisco Chato Álvarez, entre otros, y un grupo de acusados de cometer delitos que habrían pagado los sobornos.
