En la segunda jornada del megajuicio contra el juez federal Walter Bento (60) y otras 31 personas acusadas de gestionar coimas en Mendoza, se ventilaron detalles de las declaraciones de algunos arrepentidos en la causa. Uno de ellos brindó detalles sobre un soborno de 100 mil dólares que admitió haberse repartido con el magistrado.

Este jueves continuó la lectura de la pieza de acusación, donde la Fiscalía Federal describió en más de 850 hojas las pruebas y delitos que le endilga a cada uno de los procesados. Esta etapa durará un puñado de jornadas y este jueves ya se empezaron a desmenuzar uno por uno los 15 casos de cohecho que se investigaron.

El primero de estos es el que vincula a Walter Bardinella Donoso (43), un narcotraficante que estuvo un tiempo prófugo de la Justicia y durante su clandestinidad intentó zafar de la causa mediante sobornos. Además, la Fiscalía cree que gestionó coimas para otros procesados y por eso está imputado como integrante de la asociación ilícita que lideraría Walter Bento.

Dentro de las pruebas contra Bardinella, existen múltiples mensajes con varios de los abogados acusados: Luciano Ortego (44), Matías Aramayo (45) y Martín Ríos (62). Hasta ellos lo representaron en algún momento durante la investigación.

Quien brindó detalles sobre esta sospecha fue el propio Martín Ríos, uno de los tres testigos arrepentidos en el juicio. Según el requerimiento de elevación a juicio, este letrado detalló que coordinaron una coima para favorecer a Eugenio Nasi (46), un transportista condenado por contrabando y también imputado en el segundo caso de cohecho a Walter Bento.

«Nasi le dio plata a Ortego y Ortego le dio a Diego Aliaga (NdA: asesinado en 2020) para después llevársela a Bento. Había una ‘comisión’ de 100 mil dólares que eran para Bardinella, pero acordaron que no se la iban a dar sino que lo iban a usar para arreglar su situación. De esto iban a quedar 60 mil dólares para Bento y 20 mil para mí y para Aramayo. Se demoraron en pagarlo y Aliaga nos dio 10 mil dólares cerca de fin de año», dijo Martín Ríos en su declaración como arrepentido.

«Aliaga me dijo que teníamos que esperar las instrucciones del juez Bento respecto a qué

debíamos pedir en la causa», agregó en referencia a los escritos que presentaban para que el magistrado luego favoreciera con fallos judiciales a los pagadores de los sobornos.

Este jueves también se repasó la declaración de otro contrabandista que fue condenado junto a Eugenio Nasi quien refirió que este último pagó 400 mil dólares de coimas mientras que el presunto líder de esa banda, el empresario chino Cheng Zheng, aportó un soborno de un millón y medio de dólares para escapar de la Justicia -actualmente está prófugo-.

Un imputado a punto de zafar del proceso

Uno del acusados en el megajuicio contra el juez federal suspendido Walter Bento y otros 32 imputados quedó muy cerca de evitar los rigores del proceso.

Se trata de Juan Ignacio Aliaga, hijo del despachante de aduanas asesinado Diego Aliaga. Este crimen tuvo mucho que ver con la causa por la cual está en el banquillo Bento.

Aliaga hijo fue acusado en 2020 de cometer falso testimonio, porque dijo que desconocía los vínculos de su padre con la banda que supuestamente actuaba bajo el mando de Bento y los fiscales detectaron que no era así.

En este marco, quien lo representa en el juicio, el defensor público oficial Esteban Chervin, se presentó ante el Ministerio Público Fiscal y solicitó la “suspensión del juicio a prueba”.

Chervin argumentó que la eventual sanción contra Aliaga admitiría “la modalidad de ejecución condicional”. También indicó que el imputado no tiene antecedentes penales y ofrece reparar el daño causado.

Ante esto, los fiscales María Gloria André y Dante Vega admitieron que el pedido del defensor oficial era “procedente”. Sin embargo, fijaron “reglas de conducta” para el acusado.

Entre ellas, fijar residencia, comunicar en forma inmediata cualquier cambio de domicilio y someterse a la supervisión mensual de la Dirección de Promoción del Liberado u otro organismo que el tribunal considere pertinente.

Además, deberá “realizar trabajos no remunerados en favor del Estado o de instituciones de bien público por el lapso de un año a razón de 8 horas mensuales”.

A esto se agrega una “donación” obligatoria. Aliaga tendrá que entregar “a un hospital, banco de alimentos o institución similar una cantidad no inferior a 10 kilogramos de leche maternizada de primera marca por mes”. Este requisito también se extenderá a lo largo de un año.

El acuerdo entre el imputado y los fiscales deberá ser aceptado este viernes ante el tribunal del juicio (Gretell Diamante, Eliana Beatriz Ratta Rivas y María Carolina Pereyra) en una audiencia previa al inicio del juicio.

El Ministerio Público Fiscal está de acuerdo ya que pretende que Aliaga hijo se convierta en testigo y aporte elementos en el juicio.

Con información de Diario Uno y Diario Los Andes