Bentogate: el miércoles comienza el megajuicio contra el juez Bento, acusado de liderar una asociación ilícita
La sala de audiencias del primer piso de Tribunales Federales será la sede a partir del miércoles 26 de julio de uno de los megajuicios más importantes de los últimos años en términos políticos y judiciales. El suspendido juez federal con competencia electoral, Walter Bento, se sentará en el banquillo de los acusados, junto a otros 32 imputados, acusado de liderar una asociación ilícita en la cual favorecía en términos judiciales a presos a cambio del cobro de sobornos, entre otras imputaciones, tales como lavado de activos, abuso de autoridad, prevaricato, falsedad ideológica y desobediencia a órdenes judiciales.
Las penas que arriesga Bento por los distintos hechos de los que se acusa van de los 5 a los 50 años de prisión.
Las expectativas son enormes, debido a la magnitud del juicio, que tuvo un importante trabajo previo -desde marzo del 2020- del fiscal general, Dante Vega; junto con el juez federal Eduardo Puigdéngolas. De hecho, por la gran cantidad de acusados, hechos y testigos aportados tanto por la fiscalía como la defensa, se espera que el mismo dure más de un año.
“Si se agiliza el proceso y hay ‘viento a favor’ se podría resolver en 9 meses; pero también puede prolongarse hasta un año y medio. Todo depende de las circunstancias y de cómo se desarrolle el juicio”, mencionaron a Los Andes fuentes de la Justicia Federal.
Las juezas que conformarán el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n°2, luego de una buena cantidad de excusaciones, son Gretel Diamante, María Carolina Pereira (ambas de San Luis) y Eliana Rattá (de San Juan). Además, la secretaria del TOF 2 será Ana Paula Zavattieri. Al ser un juicio largo, se nombró también a una cuarta jueza, que será sustituta, que es Carolina Prado, del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de Córdoba. La magistrada será veedora, y no participará del mismo salvo que tenga que reemplazar por algún motivo excepcional a alguna de las juezas.
Sin dudas es un megajuicio el que tiene a Bento y su familia bajo la mira judicial, ya que se espera que declaren por lo menos 470 testigos de la investigación, en la que la fiscalía desarrollará sus acusaciones en base a 15 hechos. Si bien este número de testigos es desde ya altísimo, lo era antes aún más, ya que en un principio entre las partes habían aportado más de 700. Luego el mismo bajó en la audiencia preliminar, por pedido de las juezas integrantes del TOF 2 (se descartaron principalmente algunos testigos civiles y efectivos policiales de los diversos allanamientos).
Además, habrá 4 fiscales federales: el mencionado fiscal general Vega; la titular de la fiscalía de cámara ante el TOF, María Gloria André; más los fiscales de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Diego Velasco y María Laura Roteta.
Del otro lado, serán hasta ahora 28 abogados los que participarán. Algunos imputados letrados se autodefenderán, hay por lo menos 6 defensores oficiales y otros que representarán a más de una imputado.
La modalidad del juicio será con audiencias “intensivas” los días miércoles, jueves y viernes, semana de por medio, con jornadas que serán de mañana y tarde y que durarán entre 7 y 8 horas diarias. La explicación sobre esta modalidad es que tanto los magistrados, como así también los abogados, tienen otras causas en sus manos, por lo que deberán distribuirse los tiempos para poder abarcar todas sus obligaciones.
Por otro lado, entre las singularidades que tendrá en particular este juicio, se encuentra la lectura del requerimiento de elevación a juicio, en el cual la Secretaria leerá tanto las acusaciones, como también la prueba y la calificación legal.
Serán 3 requerimientos de elevación a juicio en total: la causa principal, con 29 imputados (entre otros está Walter Bento, su esposa, Marta Isabel Boiza; y su hijo Nahuel Agustín, entre otros; más otras dos, que son una con el imputado Luciano Ezequiel Bento (otro de sus hijos); más otra con otros 3 imputados más.
No obstante, es tan amplia la investigación por la cantidad de hechos, pruebas e imputados, que creen desde la Justicia que tardarán entre 6 y 9 jornadas de audiencia sólo en la lectura de las más de 700 páginas que constan en el expediente.
Esto significa que entre fines de agosto y comienzos de septiembre podría recién comenzar la etapa en la cual los jueces confirman o no los requerimientos de elevación a juicio y otras cuestiones preliminares, como planteos de todo tipo por parte de la defensa o fiscalía, ya sean nulidades o diversas incidencias.
Una vez concluida esta cuestión, se dará lugar a las cuestiones personales, donde se presentará a cada uno de los imputados y allí se les preguntará si desean o no declarar en indagatoria. “Pueden hacerlo en cualquier momento, pero es éste en el cual se pregunta al imputado. Si dicen que no, se lee la declaración indagatoria que ya prestaron ante la Justicia; o -en los casos que así sea- se proyecta el video de las que hayan sido grabadas.
Recién concluida esa parte, vendrá la etapa de la “producción de prueba del debate”, donde comenzarán las testimoniales y pasarán los más de 450 testigos admitidos, que podrán ser interrogados tanto por la fiscalía como también por la defensa.
En tanto, los alegatos de las partes y posterior dictado del veredicto y fundamentos de las juezas, llegarán luego de esa extensa etapa.
Mientras tanto, en términos prácticos, desde la fiscalía expresaron a Los Andes que el megajuicio se dividirá en “dos grandes investigaciones”, una relacionada con las acusaciones de cohecho (coimas y sobornos); y otra “pura y exclusivamente para la familia Bento”, con acusaciones de enriquecimiento ilícito y lavado de activos; mientras que al suspendido Juez Federal se le agrega también el de abuso de poder.
Son 15 casos de cohecho que intentará probar la fiscalía en la que en cada una habrá uno o más imputados. En tanto, la distribución de los hechos en el juicios no será de forma cronológica, sino conforme fueron apareciendo en la investigación.
También hay 10 casos de acusaciones de delitos de “infracción al deber, como incumplimiento de deberes de funcionario público o abuso de poder”, en el cual intentarán probar que Bento “intentó perjudicar la investigación, con la no entrega del celular, con la nota que dejó al juez (Puigdéngolas), entre otros, o con personas que declararon a favor del Juez amañado por él mismo”, acusaron desde la Fiscalía.
Parte del juicio será también destinado a la “parte patrimonial”, con lo relacionado al lavado de activos y el enriquecimiento ilícito”.
BENTO, BAJO MIRA JUDICIAL
Según el requerimiento de elevación a juicio, la investigación llevada a cabo demostró “la existencia de un acuerdo, al menos desde el año 2007, destinado a la comisión de indeterminada cantidad de delitos con el propósito de obtener dinero y/o bienes a cambio de la obtención de beneficios judiciales ilegítimos en los casos en que intervenía el Juez Bento”.
Fuente: Diario Los Andes
