El juez federal Walter Bento enfrenta un proceso en su contra y el fiscal que lo investiga, Dante Vega, acaba de solicitar la elevación a juicio de la causa, al considerar que tiene suficientes pruebas como para encarar un debate donde habrá 29 imputados.
A Bento se lo acusa de liderar una banda que cobraba coimas a cambio de beneficios procesales. De acuerdo con el Ministerio Público, el magistrado tenía «punteros» que se acercaban a los detenidos y les ofrecían una mejora en su situación legal si realizaban pagos en dólares.
Por su parte, la defensa de Bento -representada por Mariano Cúneo Libarona y Gustavo Gazali– denuncia que se trata de una «cama» contra el juez, y asegura que no hay evidencias de que el acusado coordinara una asociación ilícita.
Desde luego, tanto Vega como los fiscales que envió la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos de la Nación (PROCELAC), Diego Velasco y Laura Roteta, tienen otra visión sobre el rol que cumplían Bento y algunos de sus presuntos allegados.
El origen de la causa y los acusados
La historia de la causa Bento reúne todos los elementos de un thriller. El 10 de septiembre de 2020 la Policía encontró enterrado en Lavalle el cuerpo de Diego Aliaga, un hombre que solía trajinar la zona de Tribunales. Había desaparecido el 28 de julio de ese año.
En aquel momento, los pesquisas entrevistaron a quien entonces era sólo un testigo, Diego Barrera. El hombre contó que el fallecido tenía contactos en la Justicia Federal y que por ese lado podrían venir los motivos tras su secuestro y asesinato.
Lo cierto es que tanto Barrera como su pareja y sus hijos terminaron detenidos como sospechosos de aquel crimen; pero a partir de ese testimonio temprano se abrió una punta investigativa que se completó con los mensajes que aparecieron en el teléfono de un detenido por otra causa, Walter Bardinella Donoso, quien mantenía comunicación con abogados que trabajan en el fuero federal y -según la fiscalía- conversaba sobre posibles arreglos.
Atando cabos, el fiscal Vega comenzó a sospechar que detrás de esas negociaciones estaba Walter Bento. Aparecieron algunos «arrepentidos», lo que se sumó al hecho de que el juez nunca quiso entregar su teléfono para que fuera periciado.
Finalmente, el 5 de mayo de 2021 se libraron las primeras imputaciones. Y hubo varios detenidos, aunque el magistrado zafó de la captura porque goza de fueros.
Para que esos fueros pierdan vigencia, es preciso que el Consejo de la Magistratura decida quitárselos. Sin embargo, la investigación que lleva adelante el diputado Pablo Tonelli (PRO) no termina de avanzar en ese organismo y hasta el día de hoy -aún acusado por lavado de activos, enriquecimiento ilícito, 15 casos de presuntas coimas (cohechos) y 10 episodios en los que habría incumplido sus deberes, entre otros cargos- Bento sigue impartiendo justicia.
Entre los detenidos en la causa hay abogados, funcionarios judiciales y policías. También están acusados la esposa de Bento, Marta Boiza y dos de los hijos de la pareja, Nahuel y Luciano.
Lo que sigue en la causa Bento
Ahora la pelota está en terreno del juez federal Eduardo Puigdéngolas, que deberá fijar la fecha para el comienzo del debate. Se espera que no se planteen mayores objeciones por el lado de la defensa, ya que desde marzo los letrados que representan a Bento vienen pidiendo que comience el debate.
También crece la expectativa sobre la declaración indagatoria que deberá prestar el juez acusado el próximo 14 de octubre ante el mencionado Consejo de la Magistratura. Debido a que ese organismo es el encargado de sancionar a los jueces, si Bento no diera una explicación sólida podría perder sus fueros. De ocurrir eso, los pedidos de captura que pesan sobre él se harían efectivos.
