Walter Bento es culpable por corrupción. Asociación ilícita, cohecho , enriquecimiento y lavado de activos son los delitos que cometió el exjuez. En un veredicto histórico, el Tribunal Oral 2 de Mendoza determinó que el exjuez federal de Mendoza cometió graves delitos estando en funciones como magistrado y aprovechando el poder que tenía en ese cargo. De esa manera se cierra una etapa relevante dentro de la justicia federal de Mendoza, pero no es el fin del proceso. Aún debe determinarse qué condena le cabe a Bento y el resto de los acusados.

Vestido de traje gris, el exjuez escuchó el veredicto sentado en la tercera fila de la sala de audiencias, con sus dos hijos, Luciano y Nahuel, a su lado. Mientras la jueza Gretel Diamante leía los delitos que daba por probados, Bento ni se inmutó, se mantuvo con el mismo gesto de siempre.

Para la justicia, el caso Bento fue «una expresión paradigmática de corrupción judicial«. Esa premisa grafica la gravedad de los hechos.

La jueza Diamante señaló en su lectura que los delitos cometidos por Bento constituyeron un «paradigma de corrupción» en el propio Poder Judicial y también culpó a sus familiares (su esposa Marta Boiza y sus hijos Luciano y Nahuel) por las maniobras de lavado. Más allá de Luciano Bento al final fue absuelto por falta de acusación fiscal.

Diamante también afirmó que había quedado ratificada la estructura de la asociación ilícita que conducía Bento. En este sentido, el tribunal declaró la «responsabilidad penal» de los organizadores de la banda y del resto de los acusados, entre ellos, los abogados Luciano Ortego y Jaime Alba.

Al exjuez, el Tribunal Oral Número 2 sólo le reconoció la prescripción de algunos delitos menores, pero a toda la familia le endilgó lavado de activos. «Bento fue la fuente principal del ilícito», afirmó la presidenta del tribunal Gretel Diamante.

La mayoría de los cargos del Ministerio Público Fiscal fueron aceptados por el TOF 2. Entre ellas, la falsedad ideológica en acciones para adquirir un inmueble.

Ahora se abrirá el denominado «juicio de cesura», instancia en la que la Fiscalía -integrada por los doctores Dante Vega y María Gloria André- y las defensas solicitarán las penas correspondientes. Esta etapa se realizaría entre miércoles y jueves, según pudo saber Los Andes.

El viernes se llevará a cabo la última audiencia, en la que el TOF Nº 2 resolverá las condenas definitivas, es decir, los años de prisión que deberán enfrentar los culpables.

Fin del debate

Formalmente el debate oral había terminado más temprano con las palabras finales de ocho acusados que quedaban pendientes de la jornada anterior. Luego, la presidenta del TOF Nº 2 anunció que habrá un cuarto intermedio hasta las 14.30 para dictar las responsabilidades penales o absoluciones de cada uno de los imputados.

Las últimas palabras de los acusados

El primer piso de los Tribunales Federales se vio colmado por la presencia de los treinta imputados. Durante la jornada de hoy prestaron sus últimas palabras acusados relevantes, como los abogados Luciano Ortego y Francisco “Chato” Álvarez: el primero, sindicado como organizador de la presunta asociación ilícita liderada por Walter Bento; el segundo, como miembro de la misma.

Ambos negaron cualquier vínculo delictivo con el exjuez federal y solicitaron que el Tribunal dictamine “conforme a Derecho”. Ortego fue el más enfático y acusó al fiscal Dante Vega de haber “plantado pruebas” durante la instrucción de la causa y, además, de haber “fogoneado a la prensa”.

Por su parte, Álvarez sostuvo que la causa se construyó sobre la base de “dimes y diretes” y afirmó que se lo juzga “solo por haberle prestado una camioneta a (Diego) Aliaga”. En la acusación, el fallecido Aliaga está señalado como la mano derecha de Bento dentro de la presunta organización.

Sin embargo, la declaración más resonante fue la del contrabandista Eugenio Nasi, quien ratificó el giro de 180° que dio durante la etapa de alegatos. Su abogado, Gabriel Alliana, avaló que su cliente hubiera pagado más de 500 mil dólares en sobornos a la presunta banda para obtener beneficios judiciales por parte del exjuez Bento, entre 2018 y 2019.

“Voy a ratificar lo que dijo el doctor Alliana. Confirmo los alegatos de la fiscalía. El doctor (Javier) Angelleti no tenía nada que ver”, sostuvo el condenado por contrabando.

“En caso de ser declarado culpable, le pido que se realicen los cómputos lo más rápido posible junto con la otra pena por contrabando. Y en caso de ser condenado, renuncio a cualquier tipo de apelación”, agregó.

“Le pido disculpas al doctor Alliana porque, por instrucciones mías, él ha sido difamado en esta sala. Ratifico que no tomé la decisión antes por temor, ya que el doctor Bento era juez”, completó Nasi.

Qué dijo Bento a su turno

Bento estaba imputado como líder de una asociación ilícita que habría intervenido en 15 hechos de cohecho, además de otros delitos graves, como enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Desde el 8 de noviembre de 2023, el exmagistrado se encuentra detenido con prisión preventiva en la cárcel federal de Cacheuta, tras haber sido destituido como titular del Juzgado Federal Nº 1 de Mendoza por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación.

En este debate también estaban juzgados su esposa, Marta Boiza, acusada por lavado de activos y enriquecimiento ilícto, y su hijo mayor, Nahuel Bento, imputado por lavado de activos. En tanto, la acusación que pesaba sobre Luciano Bento por lavado fue retirada por la Fiscalía, y el TOF Nº 2 deberá definir si acepta la absolución solicitada.

Tanto el exjuez como sus dos hijos hicieron uso de las palabras finales en la audiencia de este lunes. En su alocución, Bento había pedido al tribunal que, si se determinan culpabilidades, “se las endilguen” a él y no a su familia.

El listado de delitos de Walter Bento

La Fiscalía le solicitó al TOF Nº 2 que declare la responsabilidad penal de Walter Bento por la comisión del delito de:

• Asociación ilícita en carácter de jefe. (Penas de 5 a 10 años de prisión)
• Cohecho pasivo agravado por 11 hechos en calidad de autor, todos en curso real entre sí (art. 55 PP) por los casos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 13 y 15. (Penas de 4 a 12 años de prisión e inhabilitación especial perpetua)
• Prevaricato en calidad de autor en relación con los casos número 2, 3, 5, 7 y 9. (Penas de 3 a 15 años de prisión)
• Omisión y retardo de justicia en relación al caso número 8, en calidad de autor. (Inhabilitación absoluta del ejercicio)
• Delito de enriquecimiento ilícito previsto en el artículo 268 (2) del Código Penal, en calidad de autor. (Penas de 2 a 6 años de prisión).
• Lavado de activos de origen ilícito agravado por haber sido cometido como miembro de una banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza y como funcionario público en ejercicio u ocasión de sus funciones, en calidad de autor. (Penas de 3 a 10 años de prisión).
• Falsedad ideológica por dos hechos en concurso real entre sí y en grado de coautor. (Penas de uno a 6 años de prisión).
• Abuso de autoridad por 10 hechos en calidad de autor en concurso real entre sí. (Penas de un mes a dos años de prisión e inhabilitación)
• Desobediencia respecto de una orden emanada de autoridad judicial por 2 hechos en concurso real entre sí, en calidad de autor, por la omisión de entregar su teléfono celular y por la no entrega de documentos de viaje. (Penas de 15 días a un año de prisión)
• Ocultamiento de un objeto destinado a servir como prueba, en calidad de autor, por la omisión de entregar el teléfono celular. (Penas de un mes a 4 años de prisión).

La trama

El veredicto llegó tras casi 1000 días de juicio por el que pasaron 33 acusados, 309 testigos y hubo 162 audiencias. Además, mediaron previamente todas las instancias conforme a derecho, incluida la Cámara de Casación y la Corte Suprema. Bento lideraba una organización criminal que funcionaba alrededor de su juzgado y que tenía como eje ofrecer favores judiciales a cambio del pago de coimas. Para ello se valía de «gestores» que conseguían clientes (todos acusados de delitos federales investigados por Bento) y un grupo de abogados. En el hilo conductor de la acusación que comenzó a desplegar la fiscal hubo algunos datos temporales relevantes. En ese sentido, hay una coherencia temporal entre las pruebas previas a que se conocieran las denuncias por corrupción y los testimonios posteriores.

El veredicto llega en una de las causas de corrupción más importantes de la historia reciente de Mendoza. Por el protagonista, por el volumen, las cantidad de matices y porque se comenzó a investigar mientras el protagonista estaba en ejercicio. El expediente 13864/2020 ha ocupado recursos y atención como pocas causas.

Bento fue secretario del juzgado federal 3 desde el año 1992 y por eso en Mendoza ya lo conocían. Fue bastante tiempo después cuando regresó, pero con mucho más poder. En 2005 fue elegido para hacerse cargo del juzgado federal 1 de Mendoza, el cargo de mayor poder en Tribunales. Había rendido y fue promovido por el lobby del operador Juan Carlos Mazzón y apadrinado por parte de la cúpula judicial de Buenos Aires.

Ese sillón estaba vacante porque en 2002 había sido destituido Luis Leiva y la sucesión no era un tema cualquiera, pues se trata del juez con competencia electoral en la provincia y también quien investiga los delitos federales, como contrabando, en una provincia por la que pasa el mayor flujo de comercio internacional terrestre del continente. Justamente ese es uno de los delitos más recurrentes en la trama que rodea al «caso Bento». Algunos de los testimonios clave fueron de contrabandistas que admitieron el pago de coimas para lograr beneficios. Una de las complejidades del proceso judicial tuvo que ver con la cantidad de expedientes, delitos y delincuentes involucrados. «Es una causa en la que nadie cree en nadie», explicaba un abogado. Incluso de manera central hay oficinas estatales que quedaron involucradas, como la Aduana.

La lista de delitos es larga y está concatenada. Bento cobraba coimas para otorgar beneficios procesales. Con ese dinero se enriqueció ilícitamente y, además, generó una red de lavado y autolavado de dinero. Es decir, blanqueó la plata ganada ilícitamente, delito en el que quedaron implicados sus familiares. Viajes, inmuebles, autos y una vida de lujo estuvo asociada a esa trama.

Bento supo ser el hombre más poderoso de Tribunales y ejerció ese rol aún siendo investigado. El castillo que construyó se derrumbó y ahora fue condenado por corrupción.