El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, expuso este miércoles en la Cámara de Diputados de la Nación en el marco de su informe de gestión, en el que respondió más de 4.000 preguntas de legisladores.

En ese documento, el Informe 145, Mendoza aparece mencionada en distintos apartados que permiten trazar un panorama sobre el impacto de las políticas nacionales en la provincia, con un eje claro: freno en la obra pública, menor asistencia discrecional y una apuesta creciente a la inversión privada.

Obras frenadas y revisión de contratos

El capítulo de infraestructura es uno de los más relevantes para Mendoza. Allí se confirma que varias obras viales clave sobre la Ruta Nacional 40 se encuentran paralizadas o “neutralizadas”, pese a presentar altos niveles de avance.

Entre ellas figura el tramo III de la autopista del Corredor Cuyo, entre la Ruta Provincial 96 y Anchoris, con un 88,6% de ejecución, y el tramo entre el Acceso al Aeropuerto y Jocolí, con un avance superior al 55%.

Ambas obras quedaron sujetas a revisión, en el marco de un proceso de readecuación financiera de contratos que lleva adelante Vialidad Nacional. En contraste, continúan en ejecución los nuevos puentes en el tramo Tunuyán–Anchoris de la misma ruta, con un avance cercano al 46%, lo que evidencia un esquema de continuidad selectiva.

El informe también detalla que la reactivación de proyectos dependerá de criterios definidos por el Gobierno nacional, como el nivel de avance físico (prioridad para obras por encima del 80%) y la disponibilidad de financiamiento externo. En esa línea, algunas intervenciones estratégicas logran sostenerse con respaldo de organismos multilaterales.

A la par, se consolida un cambio en el modelo de gestión: la transferencia de tareas de mantenimiento a la provincia y el avance de un esquema de concesiones privadas a través de la Red Federal de Concesiones.

Obras hídricas y proyectos estratégicos

En materia de saneamiento e infraestructura básica, Mendoza mantiene obras con financiamiento nacional, aunque con distintos niveles de ejecución. Entre ellas aparece el Colector Noreste 2 en San Rafael, que cuenta con presupuesto asignado para 2026 pero sin ejecución registrada al cierre del período informado.

También se incluyen la planta de tratamiento de efluentes en Malargüe, la renovación de colectores en Guaymallén y el sistema de provisión de agua potable en el Pedemonte Norte de Las Heras.

En cuanto a proyectos de largo plazo, el Paso Internacional Las Leñas continúa en etapa de estudios de prefactibilidad, sin avances hacia su licitación. Se trata de una iniciativa estratégica para la conexión con Chile, pero aún en fase preliminar.

Menos transferencias discrecionales

El informe ratifica que Mendoza sigue recibiendo fondos por coparticipación bajo el esquema vigente, sin cambios normativos. Sin embargo, la caída en términos reales —producto de la inflación y la menor recaudación— reduce el margen financiero de la provincia.

En paralelo, se confirma una disminución de las transferencias discrecionales, en línea con la política de ajuste del Gobierno nacional. Aun así, se registran envíos puntuales, como los Aportes del Tesoro Nacional por emergencia agropecuaria: $3.000 millones en 2025 y $7.000 millones en 2026.

En vivienda, los fondos del FONAVI alcanzaron más de $13.000 millones en 2024 y $25.700 millones en 2025, manteniendo el flujo automático hacia la provincia.

Este escenario impacta directamente en la gestión de Alfredo Cornejo, que ha debido reordenar prioridades y sostener el equilibrio fiscal con menor asistencia nacional.

Empleo bajo presión

Uno de los datos más significativos del informe es el referido al mercado laboral. Mendoza presenta niveles elevados de pluriempleo: el 15,4% de los trabajadores tiene más de una ocupación, muy por encima del promedio nacional.

Además, un 19,7% de los ocupados se declara en búsqueda de otro trabajo, lo que refleja una presión creciente sobre los ingresos. En términos absolutos, esto implica que más de 150.000 mendocinos buscan mejorar su situación laboral.

Estos indicadores muestran un deterioro en la calidad del empleo, en un contexto donde, pese a cierta recuperación de la actividad en algunos sectores, gran parte de la población necesita diversificar ingresos para sostener su poder adquisitivo.

Inversiones: energía y minería en el radar

Frente al retroceso de la obra pública tradicional, el informe pone el foco en el impulso a la inversión privada. Mendoza aparece como uno de los destinos dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Entre los proyectos mencionados se encuentra el Parque Solar El Quemado, con una inversión estimada en 630 millones de dólares. A su vez, el proyecto minero San Jorge figura en evaluación, con un monto de inversión similar y una proyección de miles de puestos de trabajo.

Este esquema consolida un cambio de enfoque: menor intervención directa del Estado en infraestructura y mayor protagonismo del capital privado en sectores estratégicos.

Vino: alivio fiscal y desafíos externos

La vitivinicultura, principal actividad económica de la provincia, también forma parte del informe. Se destaca la eliminación de las retenciones a la exportación de vino en mayo de 2025, lo que redujo la alícuota del 4,5% al 0%.

La medida se complementa con un proceso de simplificación normativa que apunta a reducir costos y mejorar la competitividad. En ese marco, Mendoza concentra más del 75% de las exportaciones del sector.

Sin embargo, el informe también refleja que, más allá del alivio fiscal, el desempeño exportador sigue condicionado por factores externos y macroeconómicos, lo que introduce una tensión entre incentivo y resultados.

Salud, educación y otros indicadores

En el plano social, el documento incluye datos sobre programas nacionales en la provincia. En educación, más de 80.000 estudiantes se inscribieron en el programa Progresar durante 2025, con cerca de 46.000 beneficiarios efectivos.

En salud, el Hospital Notti es mencionado como centro de referencia en cardiopatías congénitas, mientras que se reconoce una deuda del PAMI con hospitales públicos mendocinos superior a los $1.500 millones.

También se registran avances en la implementación del Código Procesal Penal Federal, operativos de control migratorio y la entrega de dispositivos de monitoreo en casos de violencia de género.