La jueza penal, contravencional y de faltas de la Ciudad de Buenos Aires, Karina Andrade, la magistrada que tomó la decisión de liberar a los 114 detenidos por los incidentes en el Congreso durante la movilización por los jubilados, defendió su resolución y aseguró que no analizó los antecedentes penales de los sospechosos porque, en esa instancia, sólo correspondía verificar si tenían vigente algún pedido de captura.

Andrade, que fue criticada por el gobierno nacional, aseguró en diálogo con la periodista María O’Donnell en Urbana Play: “No fue una decisión trasnochada, fue una decisión en el marco de priorización de derechos; el derecho a manifestarse”.

La jueza sostuvo, además, que la Policía no entregó información precisa sobre las detenciones y señaló a la Fiscalía, porque no entregó pruebas ni pidió medidas en la causa en el marco de una causa que rige bajo el sistema acusatorio.

Ayer, el jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, dijo que más de la mitad de los detenidos tenía graves antecedentes penales. En tanto, el jefe de Gabinete nacional, Guillermo Francos, cuestionó la resolución de Andrade y lamentó que la Justicia haya liberado en tiempo récord a la mayoría de las personas.

“Debe funcionar la aplicación de la ley con más dureza y si detienen a 130 o 140 personas y a las pocas horas una jueza dice que estaban defendiendo derechos y los libera, es muy difícil combatir la violencia organizada”, sostuvo el funcionario nacional.

En otro pasaje del reportaje, la magistrada señaló: “En el momento del control de la detención, lo que importa es el pedido de captura. Yo no estaba siendo informada de nada”, e insistió en que, según su análisis, las detenciones se dieron en el marco de una movilización cuyo ejercicio está protegido por la Constitución Nacional. “Mi función era el control de legalidad, que se respeten los derechos constitucionales”, enfatizó.

“Esto merecía una respuesta rápida con los elementos que tenía, y no se cumplían los requisitos básicos de información al juez”, aseguró.

En cuanto a los manifestantes liberados, la jueza aclaró que aquellos que portaban armas no fueron excarcelados, ya que esa situación quedó bajo una investigación aparte. “Quizá si lo sabía antes, hubiera pedido más elementos”, admitió.

En los argumentos del fallo, la jueza Andrade planteó: “A raíz del pedido de la defensa, he analizado la información que fue brindada y entiendo que respecto de las detenciones informadas se encuentra en juego un derecho constitucional fundamental como es el derecho a la protesta, a manifestarse en democracia y a la libertad de expresión, en un día como hoy donde se convoca desde los sectores más vulnerables de nuestra Nación como son los adultos mayores protegidos convencionalmente, desde el Poder Judicial corresponde atender a ello especialmente».

Por otro lado, se refirió a sus antecedentes y a las acusaciones que la vinculan con el kircherismo. “No quiero personalizar, pero cualquiera puede ver mi audiencia pública. Expliqué mi trayectoria, de dónde vengo. Soy una persona técnica, más allá de los lugares en los que me ha tocado estar”, afirmó.

Ayer, el gobierno nacional anunció que presentará una denuncia ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires contra la jueza Andrade, según lo confirmó el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien detalló que la medida se basa en un “posible incumplimiento de funciones” por parte de la magistrada.

El fotógrafo sigue en estado crítico tras su operación

Pablo Grillo continúa internado en estado crítico en el Hospital Ramos Mejía y está con pronóstico reservado. Fue operado en la noche del miércoles para descomprimir la lesión y -según el último parte médico- se encuentra estable, bajo asistencia mecánica respiratoria y con apoyo de vasopresores, sin cambios significativos en las últimas horas.

Desde la mañana del jueves, familiares y allegados difundieron un pedido de donantes de sangre. Quienes deseen colaborar pueden presentarse en el Hospital Ramos Mejía, ubicado en General Urquiza 609, Ciudad de Buenos Aires.

La Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (aRGra) realizó un “camarazo” en Plaza Congreso. En un comunicado, la entidad repudió el accionar de las fuerzas de seguridad y exigió la renuncia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Así fue herido el fotógrafo

La jornada de violencia que se vivió el miércoles en la zona del Congreso, en el marco de la marcha por los jubilados que incluyó la participación de barras de clubes de fútbol y militantes de partidos políticos, terminó con más de un centenar de detenidos y numerosos heridos; entre ellos está Pablo Grillo (35), un reportero gráfico que se encuentra en grave estado porque una cápsula de gas lacrimógeno impactó en su cabeza.

Mientras se trabaja para determinar las responsabilidades del hecho, Infobae registró un video que muestra el momento exacto en el que el fotógrafo recibe el golpe que hoy lo tiene peleando por su vida en el Hospital Ramos Mejía.

Las imágenes grabadas por Gastón Taylor con el drone de Infobae muestran un paneo aéreo de los feroces incidentes que provocaron destrozos en la vía pública: allí se observa a decenas de manifestantes que lanzan piedras contra la policía, mientras los agentes de seguridad responden con gases lacrimógenos y utilizan camiones hidrantes que lanzan agua para tratar de contenerlos.

En ese contexto de violencia y caos, en el video se puede ver al reportero gráfico tratando de tomar registros de los incidentes (trabajaba de manera independiente en la cobertura de la marcha), hasta que es impactado por el cartucho de gas lacrimógeno que llega desde el lado donde estaban las fuerzas de seguridad.

Tras recibir el golpe en la cabeza, Grillo cae y tres manifestantes se acercan para ver qué le había sucedido; al observar el cuadro de situación, con la ayuda de otros militantes intentan socorrerlo, retirándolo de la zona donde llovían los proyectiles.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que la policía realizóel disparo “como dicen los manuales”, pero la granada de gas lacrimógeno “rebotó en el piso” y luego golpeó al fotógrafo.

La Procuraduría de Violencia Institucional formuló una denuncia de oficio para que se investigue la intervención de las fuerzas de seguridad en el hecho. La causa recayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°30, con intervención de la Fiscalía N°11 del mismo fuero.