Evidentemente no sólo La Pampa no quiere la obra de Portezuelo del Viento, al gobierno nacional tampoco le gusta la idea y, además, perjudican a Mendoza en todo lo que pueden, porque dilatan una situación que podrían solucionar con un simple si o no y destinar el dinero en algo fructífero…. ojalá alguno haga lo tenga que hacer para invertir un dinero y obras que son necesarias para la provincia.
«Manifiesta que solicitará se active el mecanismo de solución de controversias previsto en el Capítulo V del Estatuto para todos aquellos puntos en los cuales no hubo acuerdo», reza textualmente el acta Nº 73 sobre el pedido de laudo presidencial de Rodolfo Suarez respecto del estudio de impacto ambiental de Portezuelo del Viento. Y por allí pasa el quid de la cuestión. El gobernador asegura que activó el mecanismo de arbitraje en ese mismo encuentro y la Nación reclama que debió haber presentado un escrito formal para ello.
Lo cierto es que, como están dadas las circunstancias, la obra Portezuelo del Viento no se adjudicará y se seguirá dilatando.
El gobernador Rodolfo Suarez manifestó por redes sociales, después de recibir la respuesta del ministro del Interior como presidente del Consejo de Gobierno del COIRCO (Comité Interjurisdiccional del Río Colorado), que reiterará «nuevamente el pedido de laudo presidencial y la solicitud de viabilidad de la obra, toda vez que todos los estudios de impacto ambiental están realizados y aprobados».
Lo que Eduardo de Pedro advirtió en su respuesta al pronto despacho interpuesto por Suarez para la resolución del laudo presidencial fue que justamente ese mecanismo de arbitraje del presidente Alberto Fernández no fue iniciado formalmente por la provincia de Mendoza, por lo que nunca comenzó el proceso, ni se revisaron las pruebas ni se notificó al resto de las partes.
Sobre la activación del laudo presidencial, el Capítulo V del Estatuto del COIRCO advierte que «si no se arribara a un acuerdo, el presidente (del Consejo), a pedido de cualquiera de las partes en desacuerdo deberá llamar a juicio arbitral en el término de quinte días«.
El ministro asegura que ese «pedido de cualquiera de las partes» es el que no existió, mientras que Suarez afirma que sí y para ello acompañó las copias del acta firmada allá por junio de 2020 cuando se reunió con los gobernadores de La Pampa, Río Negro, Neuquén y Buenos Aires.
«La provincia de Mendoza vota en desacuerdo e impuga la resolución del desarchivo e invoca el Capítulo V del Estatuto en cuanto a la solución de diferendos«, figura en la letra del Acta 73 adjuntada por el gobernador de Mendoza en un hilo de Twitter en el que explica su postura.
Pero en el acta se agrega más adelante que la provincia de Mendoza «manifiesta que solicitará se active el mecanismo de solución de controversias previstos en el Capítulo V del Estatuto para todos aquellos puntos en los cuales no hubo un acuerdo».
Y sobre el final, el acta, que fue firmado por todos los gobernadores, cierra: «Las Provincias podrán anexar a la presente los escritos que fundamenten su posición en el plazo de 2 días hábiles al correo institucional de la Presidencia».
Más allá de la discusión intrínseca sobre si se activó el mecanismo con la declaración de Suarez en aquella reunión del COIRCO o si era necesario para ello un escrito formal, el gobernador de Mendoza ya adelantó que hará efectiva esa presentación y pedirá el laudo presidencial para que sea Alberto Fernández quien decida si es necesario un nuevo estudio de impacto ambiental para la obra Portezuelo del Viento o si con los ya presentados por Mendoza es suficiente.
Una vez que la Provincia formalice el pedido de arbitraje con un escrito, el presidente del COIRCO llamará a juicio arbitral y le remitirá los antecedentes al Presidente de la Nación.
Entonces, Alberto Fernández, que será el árbitro, tendrá 30 días para recabar informaciones y antecedentes y otros 30 más para laudar, pudiendo de todas maneras ampliar el plazo.
