El Gobierno de Mendoza declaró a la Alfabetización como política pública educativa prioritaria para todo el territorio provincial en una resolución fechada el 27 de diciembre de 2022. Según el Gobierno, la alfabetización es un derecho humano fundamental y una condición esencial para el desarrollo personal y social, y su promoción y garantía son responsabilidades indelegables del estado. La medida fue comunicada en el Boletín Oficial de la provincia en la resolución 4239.
En la resolución se hace hincapié en la importancia de la alfabetización para la construcción de una sociedad más justa, igualitaria y democrática. Y se explica que diferentes operativos de evaluación provincial, nacional e internacional ubican a la Argentina en una situación crítica en relación con habilidades de lectura y comprensión. Por lo tanto, se hace necesario abordar estas dificultades de manera prioritaria, sistemática y sostenida.
Para lograr este objetivo, el Gobierno de Mendoza entiende que las políticas educativas deberán garantizar la continuidad de la alfabetización desde el inicio hasta el final de la escolaridad obligatoria. Además, se busca propiciar el desarrollo de destrezas cognitivas y de orden superior como relacionar, reflexionar y desarrollar el pensamiento crítico.
En la resolución se fundamentan criterios que el Estado provincial debe garantizar para que el valor de la alfabetización se traduzca en una política educativa efectiva. Entre ellos, se encuentra la formación inicial y continua de los docentes sobre Alfabetización Inicial y la evaluación formativa y sostenida sobre el impacto del Plan de Alfabetización. Asimismo, se busca la evaluación institucional y planificación de acciones de mejora en las instituciones de Nivel Inicial y Nivel Primario de la provincia.
En el documento, que lleva la firma de José Thomas, se destaca la importancia de la lectura como herramienta fundamental para abordar los desafíos que se presentan «tanto dentro como fuera del aula». Asimismo, se enfatiza en que la lectura es clave para el desarrollo de habilidades cognitivas, tales como la inferencia, la relación, la reflexión y el pensamiento crítico.
Para identificar las dificultades de lectura de los estudiantes para abordar dichos problemas, se llevarán a cabo diagnósticos precisos y contínuos. Además, se planifica que, a través del refuerzo de las trayectorias educativas débiles, se logrará reducir el porcentaje de estudiantes con problemas de lectoescritura del 20% al 8% para el año 2023 y al 4% para el año 2025.
Para alcanzar este objetivo, la DGE destinará poco más del 2% del dinero del Fondo de Financiamiento Educativo (enviado por la Nación) para la adquisición de libros, la formación docente y, principalmente, para el pago de docentes que trabajaron más horas en las Líneas de Fortalecimiento a las Trayectorias. En total, se destinarán alrededor de 4.200 millones de pesos.
