Irregularidades en el Balance 2017 del Partido Justicialista, que aún no ha sido aprobado ni sancionado por el Juez Federal Walter Bento
Juez Federal Walter Bento 
Seandora Nacional Anabel Fernández Sagasti 
Senador Provincial Rafael Moyano
El financiamiento de los partidos políticos en Argentina está regido por la Ley n° 26.215 sancionada en diciembre del año 2006 y promulgada en Enero de 2007. En la misma se establece, garantizar los fondos públicos y privados de los partidos, el control patrimonial anual de los mismos y la presentación del balance anual correspondiente.
De no realizarse la presentación del balance, o no ser aprobado por la justicia federal con competencia electoral del distrito que corresponde, el partido político puede ser sancionado con multas o la caducidad de su personería política. (art. 21 Ley N° 26.215)
Toda la información es pública con respecto al financiamiento de los partidos políticos, así como también las sanciones a las que imponen los juzgados federales con competencia electoral de cada distrito, de estas sanciones hay varios datos que son curiosos y llaman la atención de los partidos políticos de Mendoza, cuyo Juez Federal competente es Walter Bento, quien está imputado por ser jefe de una asociación ilicitica, pero por sus fueros no puede ser juzgado.
Ya que son muchas las “curiosidades” voy a referirme específicamente a la presentación de los balances del año 2017 de los partidos políticos de Mendoza. De las sanciones publicadas e informadas por los juzgados federales con competencia electoral a partir del 1/1/2018 https://www.electoral.gob.ar/nuevo/paginas/pdf/sanciones2018.pdf – se desprende que fueron sancionados los siguientes partidos políticos en la provincia: Unión Cívica Radical (en dos oportunidades con multa) – Partido Federal (multa) – Movimiento Libres del Sur (multas y suspensiones) – Partido Socialista (multas) – Trabajadores por el Socialismo (multa) – Encuentro por la Democracia y la Equidad (multas) – Del Trabajo y del Pueblo (multa por balance irregular) – Fe (multas) – Renovador Federal (multa por balance irregular) – Nueva Acción (multa por balance irregular) – Podemos con la Izquierda (multas) – Movimiento Político Social y Cultural Proyecto Sur (multa a balance a octubre 2017).
Que los partidos políticos sean sancionados no llama la atención, significa que la justicia federal electoral trabaja como corresponde garantizando el correcto financiamiento de los partidos, aunque sí llama la atención que no existe ninguna sanción al Partido Justicialista de la provincia.
Al momento de buscar el expediente correspondiente a la aprobación del Balance 2017, me encuentro con que el mismo no existe, pero sí están en línea el informe de la auditoría, a cargo del Auditor Contador Guillermo Fabio Stefanini, y el dictamen de la Fiscal Federal, María Alejandra Obregon, donde ambos aconsejan al Juez Federal Walter Bento no aprobar dicho estado contable, lo cual no ha sucedido aún y hasta el momento lleva más de un año dicho pedido.
Conclusiones de la auditoría
El informe de auditoría contable data del mes de Octubre del 2020, en la misma primero se pone en consideración los ingresos privados del Partido Justicialista, donde se declara Contribuciones y Donaciones de personas físicas por $6.639.232,85 sin embargo, en los listados obrantes a fs. 295/331 y 467, constan retenciones de sueldos efectuadas a empleados y funcionarios por $ 6.639.232,85 por lo que resulta una diferencia no conciliada de $ 73.961,07.
Asimismo, el partido explica que no todas las Donaciones mencionadas ingresaron a la cuenta corriente permanente del Banco Nación, como es el caso de las retenciones de sueldos efectuadas a los Concejales y personal del Concejo Deliberante de la ciudad de Guaymallén devengadas en el mes de diciembre ya que estaban pendientes de cobro al 31/12/17, subsanando la observación formulada en los dictámenes anteriores.
La agrupación política explica que la Transferencia de $ 1.517.403,02 del municipio se originó en las retenciones de sueldos efectuadas a funcionarios por parte de la Municipalidad de Guaymallén en concepto de aportes partidarios, que fueron depositadas en una cuenta corriente partidaria alternativa del partido Justicialista.
Este hecho es grave porque la Ley 26.215 en su artículo 20 aclara específicamente que los partidos políticos deben tener una única cuenta corriente y todos los fondos deberán depositarse en la misma. Ésta cuenta corriente alternativa fue abierta en el año 2008 y cerrada, llamativamente el 19 de Octubre de 2017.
Los firmantes de la cuenta alternativa son Julio Héctor Abdala (ex funcionario de la Municipalidad de Guaymallén), Gregorio Fabián Reynoso (candidato a consejal en Guaymallén en 2021) y Rafael Fernando Moyano, actual senador provincial.
De los Resúmenes bancarios obrantes surge que desde el año 2011 hasta el 19/10/17 se depositaron fondos en la cuenta corriente mencionada por $ 13.042.698,50 por lo que si se considera que la apertura de la cuenta fue en el año 2008, es evidente que la mayoría del dinero depositado quedó exento del control judicial y del cumplimiento de la normativa legal vigente.
Textualmente el Auditor Contador Guillermi Stefanini declara en su informe: Finalmente, llama la atención que el partido haya mantenido oculta durante tantos años la cuenta corriente en cuestión y nunca la haya declarado en los sucesivos Balances presentados desde el año 2008 al 2017, teniendo en cuenta que intervinieron distintas autoridades partidarias y distintos auditores externos. No cabe duda que esta forma de actuar se contrapone con el objetivo principal que debe tener un partido político y no hace más que violentar el art. 38 de la Constitución Nacional, el art. 20 de la ley 26.215 y la ley 25.246 de Prevención de lavado de activos de origen delictivo que buscan transparentar el origen y destino de los fondos y echar luz sobre el manejo de los recursos partidarios.
El Balance 2017 del Partido Justicialista tiene muchas otras anomalías, pero este es el punto que me parece que hay tomar con toda la atención posible y pedir que pronto haya una resolución, primero por parte del Juez Federal Walter Bento para pedir a la agrupación mayores explicaciones y pruebas sobre una cuenta corriente alternativa, que nunca debería haber existido, o sancionar directamente como se debe al partido y los responsables del mismo, cuya presidenta en la actualidad es la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti.
El municipio de Guaymallén, considero, también debería realizar su correspondiente investigación, o quien correspondiere, para conocer qué se hizo con los aportes de sus empleados durante casi de una década, donde el Partido Justicialista llevaba adelante la administración, y entre los intendentes el señor Luis Lobos ya ha sido imputado y se encuentra actualmente en prisión por irregularidades cometidas durante su gestión.
Los mendocinos en general necesitamos y merecemos respuestas, verdad y transparencia, ojalá todos los funcionarios se animen a hacer su trabajo en serio y realizar los pedidos necesarios para llegar a la verdad, seguramente no será de la noche a la mañana, pero si quieren avanzar y crecer políticamente, tienen que dar una respuesta, caiga quien caiga.
Sólo así sabremos quiénes son los políticos de raza que trabajan por la sociedad, y no los que sólo aspiran a un puesto político por dinero o mejor calidad de vida.
