Día de revés judicial presidencial: Macri fue procesado por espionaje y a Fernández le rechazaron su planteo de no delito en el OlivosGate
El juez federal de Dolores, Martín Bava, dictó esta tarde el procesamiento de Mauricio Macri en la causa que investiga el posible espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan. El magistrado resolvió dictar el procesamiento “sin prisión preventiva” del expresidente de la Nación al encontrarlo “penalmente responsable” del delito de “acciones de inteligencia prohibidas en carácter de autor”.
Por otro lado el juez federal de San Isidro, Lino Maribelli, rechazó el planteo de Alberto Fernández de “falta de acción” en la causa por el festejo del cumpleaños de Fabiola Yañez en la Quinta de Olivos. El Presidente sostenía que no se había violado el decreto que él mismo había firmado en medio del aislamiento.
Procesamiento a Mauricio Macri
De acuerdo al escrito, el juez entiende que Macri pudo “haber posibilitado la producción de tareas de inteligencia ilegal, generado las condiciones para que se pudieran llevar a cabo, almacenado y utilizado datos sobre personas, por el solo hecho de sus acciones privada, u opinión pública, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales o comunitarias, y por la actividad lícita que desarrollaban, así como en virtud de haber pretendido influir en la situación institucional y política del país, en la vida interna de los partidos políticos, en asociaciones y agrupaciones legales de cualquier tipo y en las personas; en concurso con el delito de abuso de autoridad de funcionario público en carácter de autor”.
El juez Bava le prohibió a Macri salir de país, y también le dictó un embargo por cien millones de pesos. Definida la situación procesal de Macri, suman ya 12 los procesados en la causa. Ayer, se conoció el procesamiento que el juez Bava le dictó a dos exjefes de Contrainteligencia de la Agencia Federal de inteligencia (AFI) del Gobierno de Macri. Para el juez, Diego Dalmau Pereyra y Martín Coste, ex Directores de la Dirección Operacional de Contrainteligencia durante el período investigado, posibilitaron que las acciones prohibidas continuaran por, al menos, el lapso de un año.
Bava responsabiliza principalmente por el espionaje ilegal a Arribas y a su exsubdirectora Silvia Majdalani, ambos ya procesados, y remarcó que Dalmau Pereyra y Coste “permitieron que continuaran realizándose tareas de inteligencia ilegales sobre los familiares de los buques pesqueros referidos y, en particular, sobre los allegados a los tripulantes del submarino ARA San Juan”.
Para el magistrado “es imposible sostener que las máximas autoridades de la AFI y del Gobierno nacional hayan estado al margen de estos sucesos”. La causa investiga la obtención de información, producción de inteligencia y almacenamiento de datos sobre personas, por su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias y de derechos humanos.
De acuerdo a la acusación, con el espionaje ilegal se buscaba “influir en la situación política e institucional del país, puntualmente respecto a los reclamos que realizaban los mismos por el hundimiento del referido submarino y la consecuente muerte de sus familiares, como así también apuntaban a conocer sus actividades, los lugares donde se reunían, sus datos personales y los de su entorno, como la identificación de sus referentes y los reclamos que realizarían”. Todas estas tareas de inteligencia ilegal “no contaron con autorización judicial alguna, ni fueron justificadas por órdenes de servicio fundadas en razones de seguridad interior o defensa nacional”, dice el expediente.
Rechazo al planteo de Alberto Fernández
El Presidente, que es abogado en su propia causa, sostenía que no se había violado el decreto que él mismo había firmado en medio del aislamiento social preventivo y obligatorio para evitar que se propagara el coronavirus.
Por su parte, Mirabelli sostuvo que “a la luz del hecho denunciado que interesa para esta incidencia y la normativa aplicable, concluyó que corresponde rechazar la excepción por falta de acción deducida por el Dr. Alberto Ángel Fernández, a la cual adhirieron las defensas de Stefanía Domínguez, Carolina Marafiotti, Rocío Fernández Peruilh, Florencia Fernández Peruilh y Severina Sofía Elizabeth Pacchi”.
Según informó Infobae, la decisión del juez federal puede ser apelada a la Cámara Federal de San Martín y falta otro planteo del Presidente.
Ocurre que Fernández había pedido que si no se aceptaba su sobreseimiento se cierre la causa con una conciliación penal para la que ofreció donar su sueldo durante cuatro meses al Instituto Malbrán.
Vale recordar los argumentos esgrimidos por el Presidente en agosto de este año cuando dijo que lo sucedido en el cumpleaños de su pareja, en plena cuarentena, no había sido un delito y pidió que se declare extinta la acción penal y se decrete su sobreseimiento.
En esta causa son investigados el presidente Alberto Fernández, la primera dama y otras 8 personas “por haber participado del encuentro social que habría tenido lugar el 14 de julio de 2020 en la residencia presidencial de Olivos, en aparente infracción a las normas dispuestas en el marco de la declaración de pandemia de la Organización Mundial de la Salud y la Emergencia Sanitaria declarada por el Decreto N°260/20″.
