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Bentogate: ya tiene fecha el juicio político al juez Bento, será en paralelo con el megajuicio por coimas

El Consejo de la Magistratura de la Nación determinó que este 25 de septiembre comenzará el juicio político contra Walter Bento, suspendido juez federal con competencia electoral que podría ser destituido de su cargo.

El mismo se llevará a cabo a partir de las 10 en la Sala de Audiencias del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación, situado en el tercer piso de Libertad no 731 de la Capital Federal.

El jury de enjuiciamiento arrancará, como estaba previsto, en paralelo al juicio penal, que ya transita este viernes su jornada número 9 de un proceso que durará por lo menos dos años, según fuentes judiciales.

En el caso del juicio político, se espera que haya algún tipo de definición o sentencia prevista para el 27 de noviembre, por lo que el proceso del juicio en sí duraría unas 3 semanas, y el resto será para la establecer el resultado final, que podría implicar que Bento vaya preso, en caso que sea destituido.

Esto es así debido a que el magistrado está procesado por el juez Eduardo Puigdéngolas al estar acusado de liderar una asociación ilícita en la cual favorecía a presos a cambio del cobro de sobornos, entre otras imputaciones, tales como lavado de activos, abuso de autoridad, prevaricato, falsedad ideológica y desobediencia a órdenes judiciales.

En este sentido, en caso que Bento sea destituido, pasará inmediatamente a ser detenido, y seguir el juicio penal que se desarrolla en Tribunales Federales desde prisión.

Hay que recordar que el Consejo de la Magistratura abrió el procedimiento de remoción contra Bento y lo suspendió en sus funciones el 31 de mayo. En el plenario de este organismo, los miembros votaron por unanimidad a favor de la suspensión del juez mendocino.

Y dispuso la citación para ese 25 de septiembre a los representantes de la acusación del Consejo de la Magistratura Miguel Piedecasas, Eduardo Vischi y Roxana Reyes; así como también al propio Bento y a sus abogados Gustavo Gazali y Mariano Fragueiro Frías; más al defensor público oficial Santiago García Berro.

Con respecto a la participación de Bento en el juicio político, no hace falta su presencia en persona. “Hágase saber al doctor Walter Ricardo Bento que su incomparecencia no postergará ni suspenderá el juicio, el que se sustanciará con su defensor de confianza y/o el defensor público oficial que lo asiste”, marca el comunicado del Consejo de la Magistratura.

UNO POR UNO, QUIÉNES SON LOS INTEGRANTES DEL JURADO

El tribunal está compuesto por dos jueces federales, dos senadores nacionales, dos diputados nacionales y un miembro de la matrícula federal de abogados.

– Javier de la Fuente. Es juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.

– Daniel Bensusán. Es senador nacional del Frente de Todos por la provincia de La Pampa desde 2021. Su profesión es la de abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Representante del gobernador Sergio Ziliotto, Bensusán es apoderado del Partido Justicialista (PJ) de la provincia, de donde también es consejero titular y congresal. Fue ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de La Pampa entre 2015 y 2021, durante las gestiones de Carlos Verna y de Ziliotto. También integró el Consejo de la Magistratura provincial entre 2008 y 2019.

– José Torello. Es senador nacional del PRO por la provincia de Buenos Aires. Asumió su banca en febrero de 2022 en reemplazo de Esteban Bullrich. Es abogado egresado de la UBA. Integra el círculo íntimo del expresidente Mauricio Macri, a quien conoció en el colegio Cardenal Newman. Fue su jefe de asesores, primero en la Ciudad de Buenos Aires y luego en el Gobierno nacional. El kirchnerismo lo señala como parte de la denominada “mesa judicial macrista”. Entre 2002 y 2022 fue, además, apoderado del PRO. Su hermano Pablo Torello es diputado nacional y productor agropecuario.

– Anahí Costa. Es diputada nacional del Frente de Todos por la provincia de Catamarca. Asumió su banca en 2021 en reemplazo de la exgobernadora Lucía Corpacci, que juró como senadora. Es abogada especialista en responsabilidad civil. Se desempeñó como subsecretaria en el Ministerio de Obras Públicas de Catamarca (2014-2019), y como secretaria de Planificación e Inversión Pública del Ministerio de Planificación y Modernización de la provincia (2019-2022).

– Ana Clara Romero. Es diputada nacional del PRO por la provincia de Chubut, desde 2021. Es abogada egresada de la Universidad Católica Argentina (UCA). Fue concejal de Comodoro Rivadavia, su ciudad natal, entre 2019 y 2021, y actualmente es candidata a intendenta de esa ciudad patagónica por Juntos por el Cambio.

– Alfredo Barrau. Es abogado por la matrícula federal.

– Javier María Leal de Ibarra. Es titular de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia desde 2001. Lo señalan como cercano al juez de la Corte Suprema de Justicia Ricardo Lorenzetti. Encabeza la Junta de Presidentes de Cámaras Federales y Nacionales, una entidad que nuclea a los titulares de las Cámaras de todo el país. De extensa trayectoria en la Justicia, ocupó diversos cargos de secretario y prosecretario en la Corte. También fue subdirector y director de la DAJUDECO, la oficina de escuchas judiciales, apuntada por presuntos actos de espionaje ilegal. Allí llegó de la mano del camarista porteño Martín Irurzun, conocido por la “doctrina Irurzun” a favor de la prisión preventiva de exfuncionarios kirchneristas.

PARA LA FISCALÍA, “EXISTE RIESGO DE FUGA”

Para el fiscal Dante Vega, “existe riesgo de fuga, lo hemos fundamentado en 5 oportunidades. Pero aún tiene la investidura y todavía no lo define el Consejo de la Magistratura”, comentó, y agregó que si no mantuviera la investidura, “se haría efectiva la prisión preventiva”.

En este sentido, expresó que “si toda la banda está detenida, su cabeza, el juez federal debería estar también detenido”, debido no solamente al riesgo de fuga, sino que además, consideró Vega qeu hay un “entorpecimiento de la causa y de la investigación, estando el propio magistrado en libertad mientras sigue la causa en su curso.

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