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La provincia, y el municipio en particular, esperan el laudo presidencial que definirá si el estudio de impacto ambiental presentado por Mendoza, después de un arduo trabajo, es aprobado o no. La Pampa y el resto de las provincias que forman parte del COIRCO (Comité Interjurisdiccional del Río Colorado) impugnaron el mismo y fue entonces cuando Rodolfo Suarez solicitó el arbitraje. Desde junio de 2020 se espera una resolución que el mes pasado fue «apurada» por el gobernador mendocino a través de un pronto despacho.

Nadie lo dice abiertamente, pero la dilación del laudo presidencial que permitiría adjudicar la obra de Portezuelo del Viento y que ya se demoró más de 14 meses, huele a que la megapresa de Malargüe, cuestionada por La Pampa, puede caerse. Y esa sola posibilidad obliga al gobernador Rodolfo Suarez a analizar otros destinos para esos U$S1.023 millones que tendrá disponibles. Entre las alternativas que baraja figuran construir el dique El Baqueano, en San Rafael.

Desde la Cámara de Comercio de Malargüe se diagramó un «plan de lucha en defensa de la construcción de Portezuelo del Viento». La carta, que contiene ocho puntos, convoca al gobernador Rodolfo Suarez al departamento «con carácter urgente» y propone «cortar las rutas» e «iniciar un proceso de separación» de la provincia de Mendoza.

Según señalaron desde la intendencia, el jefe de la comuna Juan Manuel Ojeda «está de acuerdo con toda defensa que se haga de la obra Portezuelo del Viento; pero en el caso puntual del reclamo de la Cámara de Comercio, entiende que las notas deben estar dirigidas al Presidente de la Nación (y al PJ) porque es Alberto Fernández quien tiene la responsabilidad de laudar».

Proyectos en los que se podría trabajar si no se realiza Portezuelo del Viento

Otra chance es destinar esos fondos a una serie de obras hídricas proyectadas en varios sectores productivos de la provincia, que comprenden la impermeabilización de grandes canales como el Cacique Guaymallén y otros tantos, para mejorar el aprovechamiento del agua.

La habilitación jurídica para que Suarez pueda destinar esos fondos a otras obras que no sea Portezuelo del Viento, ya están dadas en la letra chica del acuerdo que firmó el exgobernador Alfredo Cornejo con el Estado nacional el 13 de junio del 2019.

Los proyectos y anteproyectos ya están en el Consejo Económico, Ambiental y Social (CEAS) que creó el mismo Suarez, y los aportó en su momento Cornejo.

«Creemos que el problema más grave y urgente que Mendoza tiene hoy es el del agua. Hay otros que nos agobian, pobreza, inflación, falta de crecimiento, pero el único que depende su solución únicamente de nosotros es el agua» resalta como argumento del Plan de Gestión Integral del Recurso Hídrico que analiza la comisión de Agua y Saneamiento del CEAS.

Por estos días, la viabilidad y pertinencia de esas obras son analizadas por referentes de AYSAM y del Departamento General de Irrigación. De hecho, algunas de ellas serían la continuidad de obras anteriores que ya comenzó Irrigación, y es por eso que en ambos entes entienden que ayudarían a mitigar la crisis hídrica que padece Mendoza desde hace 12 años.

Un ejemplo de continuidad y proyección es la impermeabilización del canal Cacique Guaymallén, cuya obra llegó hasta Godoy Cruz, pero es necesario que se continúe, sobre todo en el tramo que va desde la rotonda del Avión hasta Lavalle, en donde se pierde gran parte del caudal que lleva.

Otro podría ser ampliar el almacenamiento de agua para el cinturón verde productivo que se traza entre Guaymallén, San Martín y Lavalle. En la zona se construyeron 5 grandes piletones para almacenar agua, pero sería necesario incrementar esa capacidad.

Según consta en el documento que se analiza en el CEAS, las obras proyectadas son de ejecución a largo plazo. De hecho el principal objetivo que consta en el documento es: «Elaborar un Plan de Gestión Integral para alcanzar la meta de la Seguridad Hídrica en Mendoza que promueva las bases de la política hídrica de la provincia para los próximos 10 años, basado en el uso eficiente, la equidad, el desarrollo local y la sostenibilidad ambiental.

Además no son obras que se puedan ejecutar todas a la vez, primero porque no existe en la provincia una empresa con la capacidad para hacerlo, y después porque para lograrlo el Estado deberá apelar a conseguir otro financiamiento que sirva para terminar de costearlas, ya que el cálculo total del banco de obras supera el financiamiento previsto para Portezuelo del Viento.

El plan pone la lupa en los principales ríos

Según detalla el documento durante los últimos 10 años, la región viene sufriendo una disminución paulatina del caudal de sus ríos, fruto del calentamiento global y la reducción nívea. En el caso de Mendoza, según datos del Departamento General de Irrigación (DGI), se llega a la peor situación hídrica de los últimos 33 años, con el 30 % menos de agua que el promedio histórico.

Justamente por eso, ese plan que se basa en las obras planificadas por Irrigación avanza en el revestimiento y entubado de varios canales y sistemas hídricos para mejorar aquella situación hídrica de los ríos Mendoza, Tunuyán Superior e Inferior, Diamante y Atuel que en total calcula un costo que supera los U$S 230 millones.

Así por ejemplo, del Río Mendoza, prevé mejorar los sistemas de Jocolí y Tulumaya, y la modernización de Luján oeste, y Agrelo-Perdriel, además de mejorar el reservorio del canal Cacique Guaymallén con un costo estimado de U$S76.887.000.

Otro tanto prevé para el río Tunuyán inferior, con mejoras en el canal Santa Rosa-La Paz, canal Reducción Los Andes y rama Chimbas, a lo que se destinaría U$S 33.700.000.

Los objetivos de la nueva política hídrica

1. Propiciar un aprovechamiento eficiente y racional del recurso hídrico.

2. Tender a la realización del uso múltiple, armónico y coordinado del agua.

3. Compatibilizar el aprovechamiento del recurso hídrico con el uso y conservación de los demás recursos naturales y el hábitat humano.

4. Evitar o disminuir los efectos nocivos causados por las aguas y preservar la calidad del recurso hídrico y luchar contra la

contaminación.

5. Buscar su disponibilidad constante y oportunidad en la entrega.

6. Promover el aprovechamiento conjunto de aguas superficiales subterráneas.

7. Realización de los Balances Hídricos del agua superficial y subterránea

8. Formular un régimen de prioridades adecuado.

9. Centralizar la administración integral del recurso hídrico, descentralizando la gestión por usos y la faz operativa del servicio.

10. Establecer mecanismos de coordinación entre los organismos públicos, semipúblicos y privados con injerencia directa o tangencial en el recurso hídrico.

11. Incentivar la participación activa y responsable de los usuarios y ciudadanos en la gestión hídrica.

12. Conformar organismos encargados de la administración de las cuencas hidrográficas.

13. Evaluar en forma dinámica y actualizada los recursos hídricos, a través de un Banco de informática de datos.

14. Recrear la conciencia hídrica, a través de programas educativos y culturales en la materia.

15. Aumentar la inversión pública y privada en el mantenimiento y construcción de obras hidráulicas.

16. Lograr la incorporación de nuevas tecnologías en el sector.

La reacción que llegó desde Malargüe

Estas últimas movidas encendieron a los malargüinos en defensa de un proyecto que creen será beneficioso para su departamento. El propio intendente le recomendó a Suarez «que no se deje torcer el brazo por el Presidente. Es lo peor que nos podría pasar a los mendocinos, ya nos pasó con el tema de la minería, nosotros necesitamos minería, no lo decimos por capricho. Yo creo que los mendocinos nos tenemos que hacer respetar y seguir para adelante».

Su reclamo fue primero dirigido a Alberto Fernández y luego al kircherismo y al PJ local a quienes instó a «dejar atrás los viles intereses cortoplacistas partidarios y ponerse la camiseta de Mendoza».

El documento de la Cámara de Comercio que resume el plan de acción de Malargüe en defensa de Portezuelo destaca una «convocatoria de visita al departamento, con carácter de urgente» del gobernador y su gabinete para que «informe en detalle los motivos que lo han llevado a declarar que estudia destinar los fondos previstos para la construcción de Portezuelo del viento a otras obras, en el resto de la provincia».

En el segundo punto se solicita, desde este lunes 10, que los vecinos de Malargüe «acompañen con sus firmas la invitación que se le formulará al gobernador»; mientras que propone una «movilización popular previa a la llegada del gobernador», no solo como muestra de defensa de Portezuelo sino también en procura de la «pavimentación definitiva de la ruta 40 sur».

Llama la Cámara de Comercio a «efectuar cortes de rutas que impidan el tránsito de los camiones que trasladan el gas extraído de la cuenca departamental, para consumo de centrales térmicas en norte provincial, de no ejecutarse las obras previstas en la licitación de Portezuelo del viento».

Amenaza también con «impedir la extracción hidrocarburíferas en los yacimientos del departamento de Malargüe».

Y hasta con «iniciar un proceso de separación del departamento de Malargüe de la actual provincia de Mendoza, por no ser considerado por el resto de los mendocinos a la hora de fijar políticas de desarrollo económico para el desarrollo de una vida digna a quienes habitamos este suelo, cuyas características lo hacen en sí una región totalmente diferente de las otras 17 comunas que hoy tiene el territorio mendocino».

Respecto de este punto, el intendente Juan Manuel Ojeda no ha dicho nada al respecto al ser consultado por diario UNO.

Sí destacan desde la intendencia que incluso algunos de los funcionarios del municipio, como es el caso de José Gabriel Ferrero, director de la Agencia de Desarrollo Económico, impulsan la idea del «Malargüexit» desde las redes sociales.

De aquí al futuro, ante un posible escenario en contra de Portezuelo del viento, desde el municipio esperan masivas marchas por las calles del departamento como ya sucedieron en otras ocasiones, tanto en defensa de la obra de la represa como de la explotación minera.