Luego de que el Gobierno Nacional, a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), resolviera ceder cerca de 21.000 hectáreas del Sur provincial a las comunidades mapuches que las habitan durante los últimos días -al declarar que su ocupación es legal-, la polémica volvió a reavivarse.

Y es que a nivel provincial y nacional, distintos dirigentes se manifestaron en contra de esta decisión (entre ellos, el gobernador Rodolfo Suarez), lo mismo que hicieron algunos empresarios -sobre todo, con proyectos y emprendimientos en estas zonas-.

A través de resoluciones 36 y 42/2023 del INAI, el viernes se publicaron en el boletín Oficial de la Nación ambas medidas que reconocen la ocupación “actual, tradicional y pública” de 21.370 hectáreas a la comunidad Lof en la zona de El Sosneado (límite entre Malargüe y San Rafael), así como también 3.584 metros cuadrados a los integrantes mapuches de Lof Suyai Levfv en Los Molles (Malargüe).

Las críticas ante esta resolución no se hicieron esperar, y llegaron desde el arco político. Tanto el gobernador Rodolfo Suarez como el senador nacional y ex gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo cuestionaron la cesión. También desde las cámaras empresariales y turísticas alzaron su voz porque la decisión atenta contra “la propiedad privada” y áreas protegidas.

Desde las comunidades mapuches de Mendoza, en tanto, celebraron la cesión de parte de la Nación (a través del INA) y reconocieron que es un paso fundamental para avanzar en la escrituración de las tierras que las comunidades habitan hace “cientos de años”, antes incluso de que otros actores se las “adjudicaran” como propias.

“Había procesos judiciales y causas de toda la comunidad por estas tierras. Incluso, en muchas de esas sentencias se reconocen las comunidades. Pero como no había un relevamiento terminado, no sabían cuál era la propiedad a reconocer. Ahora este reconocimiento de la Nación a esas tierras delimitadas se va a incluir en las causas judiciales para completar el reclamo y poder escriturar”, destacó a Los Andes Gabriel Jofré, quien forma parte del consejo de autoridades de comunidades mapuches en Mendoza y quien, además, es werken (vocero o portavoz) de las mismas en el Sur.

Anuncio del Gobernador

El gobernador Rodolfo Suárez anunció a través de su cuenta de Twitter: “Solicité a la Asesoría de Gobierno y a la Fiscalía de Estado, que se realicen los procedimientos necesarios ante los organismos competentes para declarar la insconstitucionalidad de las resoluciones nacionales que han determinado la entrega de tierras en el Sur de la provincia”.

“Por años el gobierno nacional ha permitido la desidia que hemos visto en la Patagonia en materia de seguridad, protegiendo a grupos que dicen ser descendientes de pueblos originarios y que someten los principios de libertad y propiedad privada. En Mendoza no lo permitiremos”, afirmó el mandatario.

Y sentenció: “Lo dije hace un año de manera exagerada, si no le damos la seriedad y la institucionalidad que el tema merece, alejándonos de los discursos fanáticos, vamos a tener estos grupos exigiendo la entrega de propiedades en toda Mendoza”.

De esta manera el gobernador apoyó los reclamos del sector privado de San Rafael que denunció que las tierras otorgadas de El Sosneado son propiedad de la empresa Sominar Sociedad Minera S.A. y que iban a iniciar acciones judiciales contra la medida

La firma es propietaria de la “Estancia El Sosneado”, que actualmente cuanta con unas 328.400 hectáreas aproximadamente. En la zona se encuentra una amplia variedad de gama de minerales, que no son explotados por tratarse de un área protegida.

Por esto desarrollan el arrendamiento ganadero en pastos naturales dividida entre puestos de invernada (zonas más bajas en el Este) y los de veranada (en el sector Oeste) para el pastoreo caprino, ovino y vacuno. Áreas enriquecidas por una veintena de ríos y arroyos tributarios de los ríos Atuel y Diamante, que incrementan la pastura para la cría animal.

En la estancia se realizan excursiones de turismo ecológico (trekking, cabalgatas, ciclismo, rafting y montañismo). Según las especificaciones de la compañía, es vecina en el Sudeste de la Estancia de yacimientos petrolíferos en explotación, con más de 120 pozos activos en la actualidad según lo publicado por Sominar en su página web.

EL USO QUE LAS COMUNIDADES MAPUCHES PRETENDEN PARA ESAS TIERRAS

Más allá del reciente reconocimiento de la Nación y del conflicto político y entre jurisdicciones que ya estalló (la Nación, por un lado, y la Provincia de Mendoza, por el otro), Jofré y los mapuches que habitan en Malargüe se entusiasman con el reconocimiento.

Las resoluciones del INAI parten de las atribuciones que le otorga la ley 26.160, que declaró la Emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras indígenas y su última prórroga llega hasta 2025. Y en ambas normas publicadas a fines de la semana pasada, el instituto expresa que se “procedió a la confección de la cartografía georreferenciada con la demarcación de los usos internos y del perímetro que da cuenta de la superficie y elementos que sustentan la ocupación actual, tradicional y pública” ejercida por ambas comunidades mapuches.

Así las cosas, con el relevamiento “técnico, jurídico y Catastral” formulado, el INAI procedió a reconocer “la ocupación actual, tradicional y pública” de Lof en El Sosneado (San Rafael) al oeste de la ruta 40 y Lof Suyai Levfv en Los Molles (Malargüe) a la vera del río Salado, sobre la ruta provincial 222 camino al complejo Las Leñas.

“Ahora se les reconoce lo que sería la posición y se le da garantía hasta tanto se aplique una ley que les entregue la escrituración que dé punto final a todo el proceso”, explicó Jofré. En ese sentido, destacó que los relevamientos realizados por el INAI y el mencionado reconocimiento de manera oficial de los territorios “garantiza la posesión”, por lo que no van a dudar en avanzar, y si es necesario por la vía judicial, para conseguir la escritura sobre las tierras y poner punto final a la lucha.

“Hay caminos judiciales abiertos. Pero, además, vamos a presentar el relevamiento para que se avance con algún proceso de entrega de las tierras (en la provincia), y lo vamos a seguir presentando. Y si hay demoras del Estado que implican llegar a juicio, y bueno; ahí tendremos que esperar a que la Justicia determine”, prosiguió Jofré.

En cuanto al uso de las tierras por parte de las comunidades mapuches que habitan en el lugar, Jofré destacó que no cambiará absolutamente nada con respecto a cómo se viene trabajando en el lugar.

“Tenemos sentencias favorables desde 2010 y hoy la posesión está garantizada. Ahora será momento de seguir con la titularización y protección de lo ancestral. Si hace falta, vamos a ir a las vías judiciales y a las legislativas, para que se discuta. Ya hemos pedido que se discuta en una ley y que se den todos los debates históricos. El principio del derecho sostiene que toda ley tiene una excepción, pero cuando las excepciones superan a la aplicación de la ley, significa que se necesita otra ley. Por eso planteamos que haya una ley de reconocimientos, que nos permita generar una forma de resolver ese problema. Es un debate abierto. Y nosotros queremos que todas las voces participen, profundicen y se expresen, y nos den la respuesta. Nuestra gente vive en el territorio y tiene todo el derecho de continuar en el lugar”, resaltó Jofré.

A modo de ejemplo de las situaciones que viven a diario, Jofré explicó que -en medio de la nebulosa en que viven los mapuches en el lugar, la mayoría de ellos trabajan como puesteros-, periódicamente reciben la visita de quienes se presentan como dueños de esas tierras (con sus títulos). Como cobro, muchas veces eligen parte de la producción caprina del lugar (generalmente los mejores), y se los llevan consigo.

“En los últimos años armamos una comercializadora caprina propia y vendemos nuestros propios chivos. Entonces ahora, quienes dicen que son dueños de las tierras, vienen a buscar y nosotros les podemos dar plata (que generalmente son cifras ilógicas). Estamos trabajando en el agregado de valor local”, destaca Jofré, quien intenta responderle a muchas de las voces críticas. “Muchos intentan atacar diciendo: ‘los mapuches quieren ser empresarios’. ¿Y qué tiene de malo eso? ¡Podemos serlo si queremos!”.

El vocero de las más de 25 comunidades mapuches que habitan en el Sur también cruzó a quienes sostienen que lo que ellos quieren es quedarse con pozos de petróleo en el lugar. “Si hay pozos de petróleo, lo que nosotros pedimos es que los cuiden y se manejen de acuerdo a las normativas vigentes, indígenas, ambiental y económicas. Entendido todo eso, los mapuches podemos ser entendidos como un aporte más”, se explayó.

Respecto a las voces que acusan a todos los mapuches como violentos, también Jofré hizo algunas aclaraciones. “Me llama la atención que se establezcan discursos tan cerrados, que niegan la posibilidad de hablar de antemano. Nos declaran violentos porque hay algunos jóvenes en la zona de Bariloche que salen a reclamar lo de los abuelos de una forma que no corresponde. Pero es una porción muy pequeña. Hay mucha gente viviendo en la ruralidad y no generamos violencia. Se trata de buscar armónicamente la convivencia. Ningún mapuche se ‘comió’ a un petrolero, lo mató a tiros o pusimos dinamita en un pozo petrolero. No hay ningún antecedente de ese tipo, ni acá ni en ningún lado. Incluso, algunos hechos en Bariloche son muy investigados. El último incendio, justamente, lo denunció la comunidad mapuche. Y después salió una fake news diciendo que eran los mapuches que se lo habían atribuido y amenazan con incendiar la Patagonia”, se defendió. “Muchas veces los mapuches se instalan en la zona para evitar que haya más incendios”, sintetizó.

Además, el vocero mapuche destacó que la comunidad mapuche en el Sur mendocino está generando constantemente actividad productiva, por lo que -considera- no es gratuita la cesión de tierras. “Nuestras actividades ganaderas tienen un valor que contempla lo ecosistémico y la forma autosustentables de producción. Tras cientos de años y preservar la naturaleza con nuestra forma de vida y dar valor cultural a las tierras, eso no es gratis”, agregó

¿HAY MAPUCHES ARGENTINOS?

Otra de las afirmaciones que más ha proliferado en los últimos años -y que volvió a tomar fuerza durante los últimos días a raíz del reconocimiento de la Nación para con las comunidades del Sur mendocino- es la que sostiene que “no hubo, hay ni habrá” mapuches en Argentina.

Consultado por ello, Jofré fue muy crítico hacia quienes esgrimen estos argumentos. “Decir que en Argentina no hubo, hay ni habrá mapuches no tiene fundamento histórico, es xenofobia. Es algo ideológico, porque los pueblos indígenas estamos antes de la conformación de los Estados, antes de que exista Argentina y Chile. Es anacrónico”, explicó el vocero de las comunidades mapuches en el Sur mendocino, Gabriel Jofré.

“Con esa repetición se busca asegurar la verdad que sostiene un grupo. Pero no buscan pluralidad de voces. Son personas que plantean que Chile es malo, por eso los mapuches son malos. Pero, en el fondo, dicen que los chilenos son malos, y eso es xenofobia. Ese es el origen del nazismo, del fascismo. Cuando se pasan ciertas barreras, ser negacionista es anticonstitucional, es un delito. Es como negar el holocausto judío”, se explayó Jofré.

En ese sentido, se mostró preocupado por el grado al que se ha llevado el tema en la política. “Hay una red de investigadores por el genocidio que hace años trabajan en el Conicet. No se puede desconocer que hubo y hay mapuches en Mendoza”, concluyó.

LAS POLÉMICAS RESOLUCIONES

A través de las resoluciones 36 y 43 publicadas por el INAI en el Boletín Oficial el pasado viernes, se reconoció la ocupación ancestral de terrenos por parte de dos comunidades mapuches del Sur de Mendoza. Estas son la Lof El Sosneado (San Rafael) y la Lof Suyai Levfu (Malargüe).

Para implementar esta medida, el gobierno de Alberto Fernández se apoyó en un informe histórico-antropológico elaborado por el INAI. En este estudio se contempló el vínculo que las familias tenían con las áreas en cuestión.

A través de este informe y amparado en artículos de la Constitución Nacional y del Código Civil y Comercial, el Ejecutivo confirmó el derecho a la posesión y propiedad comunitaria de más de 21.000 hectáreas, que con esta decisión se consolidaron como no enajenables, ni transmisibles, ni susceptibles de gravámenes o embargos.

El análisis de los terrenos se llevó a cabo en el marco del Programa Nacional Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas, que depende del Ministerio de Desarrollo Social y tiene por fin “demarcar y relevar el territorio que ocupan las Comunidades Indígenas en forma tradicional, actual y pública”, detalla La Nación.

Lo cierto es que entre los considerandos de ambas resoluciones, se cita a Ley Nacional Nº 26.160 que “declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las Tierras que tradicionalmente ocupan las Comunidades Indígenas cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas – Re.Na.C.I. – u organismo provincial competente o aquellas preexistentes por el término de cuatro años”.

Ambas comunidades todavía no consiguen la personería jurídica y se encuentran “en trámite”, lo cual contradice a la norma que menciona que deben estar inscriptos.