Argentina 1985 es sin duda la película nacional del momento, se merece el éxito y ser vista por todos los argentinos. Más allá de que cuenta hecho reales, no hay que olvidar que tiene ficción también para poder hacer un buen film que nos entretega, emocione, enseñe e interpele con la realidad que se vivió en el país y que muchos prefirieron olvidar o simplemente no vivieron.
De por sí la historia es dura y dolorosa, y la realidad fue mucho más dura de lo que puede mostrar un película, los hechos de violencia e injusticia fueron desgarradoramente peoeres en la vida real y duele mucho que haya sido así.
Por encima de la película, que es buena, las actuaciones, el guión y las ganas que te deja de saber más sobre lo que sucedió; lo que más rescato y me emocionó fue encontrarme con el alegato final del fiscal Julio César Strassera. Durante décadas me que solamente con sus Señores juecer: Nunca Más, sin embargo toda la acusación es digna de leer y entender.
En el alegato el fiscal hace un muy buen resumen (si es que se puede) de los hechos anteriores a la dictadura y todo lo que provocó la dictadura en sí, la violencia que generó fue mucho, mucho, mucho peor de lo que quería, supuestamente evitar.
La historia la escriben los que ganan dicen, pero hoy en día tenemos la posibilidad de conocer todas las verdades, no perdamos la oportunidad de conocerlas, de animarnos a googlear, preguntar, indagar sobre todo lo que tengamos dudas o queramos simplemente saber.
Ojalá muchas más películas nos den ésta posibilidad de querer saber más, para mejorar, para no cometer los mismos errores, para enseñar y vivir una historia que lamentablemente en Argentina parece que se repite una y otra ves.
A continuación leerán un extracto de la acusación del fiscal Strassera, no se pierdan la oportunidad de leerlo y entender mucho más lo que se vivió antes y durante y después de Jucio a las Juntas.
Señores jueces:
La comunidad argentina en particular, pero también la conciencia jurídica universal me han
encomendado la augusta misión de presentarme ante ustedes para reclamar justicia.
Razones técnicas y fácticas tales como la ausencia de un tipo penal específico en nuestro derecho
interno que describa acabadamente esta forma de delincuencia que hoy se enjuicia aquí y la
imposibilidad de considerar uno por uno los miles de casos individuales–, me han determinado a
exhibir, a lo largo de diecisiete dramáticas semanas de audiencia, tan solo 709 casos que no agotan,
por cierto, el escalofriante número de víctimas que ocasionó, lo que podríamos calificar como el
mayor genocidio que registra la joven historia de nuestro país.
Pero no estoy solo en esta empresa. Me acompañan en el reclamo más de nueve mil desaparecidos que han dejado, a través de las voces de aquellos que tuvieron la suerte de volver de las sombras, su mudo pero no por ello menos elocuente testimonio acusador.
Empero, ellos serán mucho más generosos que sus verdugos, pues no exigirán tan solo el castigo de
los delitos cometidos en su perjuicio. Abogarán, en cambio, para que ese ineludible acto de justicia
sirva también para condenar el uso de la violencia como instrumento político, venga ella de donde
viniere; para desterrar la idea de que existen «muertes buenas» y «muertes malas» según sea bueno o
malo el que las cause o el que las sufra.
Si de este modo logramos sustituir aquel fanático «Viva la muerte» conque Millán Astray reivindicaba
su perversa doctrina por un «Viva la vida» en rescate de los valores éticos sobre los cuales esta
Nación fue fundada, habremos de darnos por satisfechos…
Porque si bien resulta inexcusable admitir la necesidad y la legitimidad de la represión de aquellas
organizaciones que hacen de la violencia su herramienta de lucha política, a fin de defender los
valores de la democracia, del mismo modo ha de admitirse que cuando esa represión se traduce en
la adopción de los mismos métodos criminales de aquellas organizaciones, renunciando a la eticidad,
nos encontramos en presencia de otro terrorismo; el del Estado, que reproduce en sí mismo los
males que dice combatir.
Los guerrilleros secuestraban, torturaban y mataban. Y qué hizo el Estado para combatirlos?
Secuestrar, torturar y matar en una escala infinitamente mayor y, lo que es más grave, al margen del orden jurídico instalado por él mismo, cuyo marco pretendía mostrarnos como excedido por los sediciosos.
Y de aquí, señores jueces, se derivaron consecuencias mucho más graves para el orden jurídico.
Porque, cuántas de las víctimas de la represión eran culpables de actividades ilegales? Cuántas
inocentes? Jamás lo sabremos y no es culpa de las victimas.
No bastan los chismorreos de los servicios de informaciones que, de manera vergonzante se han
esgrimido en este juicio en muchas oportunidades.
Al suprimirse el juicio, se produjo una verdadera subversión jurídica; se sustituyó la denuncia por la delación, el interrogatorio por la tortura y la sentencia razonada por el gesto neroniano del pulgar hacia abajo.
No existió entonces patrón de conducta al cual la víctima podía someterse para estar a cubierto de
una posible injuria El terrorismo de Estado la ponía en una situación de absoluta impotencia en lo
concerniente a la determinación de su conducta y, por ende, en la decisión de su destino. El carácter
arbitrario e indiscriminado de la represión sitúa el centro de la suerte de la victima fuera de ésta, pero
continúa considerándola responsable de una conducta que no sólo no decide, sino que incluso no
puede llegar a comprender.
De tal suerte, las juntas militares fracasaron no sólo en la misión de establecer la inocencia de los
inculpados injustamente, sino también en la de probar la culpabilidad de los responsables de actos criminales. «No vamos a tolerar que la muerte ande suelta en la Argentina». «Lentamente, casi como para que no nos diéramos cuenta, una máquina de horror fue desatando su iniquidad sobre los desprevenidos y los inocentes, en medio de la incredulidad de algunos, de la complicidad de otros, y el estupor de muchos». Estas frases las dijo el almirante Emilio Eduardo Massera el 2 de noviembre de 1976 en la Escuela de Mecánica de la Armada.
Para esa fecha en los altillos de la casa de oficiales de la Escuela de Mecánica de la Armada, sobre
una colchoneta estaba Cecilia Inés Cacabellos. Tenía 16 años, la habían encapuchado y sus manos
estaban esposadas y engrillada.
La habían capturado gracias a los datos suministrados por su hermana, a quien le dieron garantías de
que sólo se la iba a interrogar; creía que así le salvaba la vida. Cecilia Inés Cacabellos permanece
hoy en situación de desaparecida.
Mientras de puertas afuera se condenaba la violencia y se proclamaba la legalidad, en el interior regiaotra norma más fuerte que la ley, de acuerdo a la cual decenas de Cecilias Cacabellos eran
sometidas a tratos inhumanos.
La ferocidad y la mentira son las dos notas del sistema de represión que los acusados implantaron durante años en la Argentina. Por eso hoy se hace necesario averiguar la verdad y juzgar a todos losque hayan violado la ley; en particular a los poderosos, a los máximos responsables, esta es la únicaforma de restablecer la vigencia de la ley en la conciencia de la sociedad
Arribamos así señores jueces, a nuestras conclusiones. Antes hay algunas cuestiones previas. No
sobreabundaremos con la descripción del sistema creado, pero el imperativo del articulo 361 inciso 6
del Código de Justicia Militar que me obliga a enumerar los casos respecto de los cuales no formularé
requisitoria, ofrece la ocasión para revelar un cúmulo de casos que, si bien no refinen pruebas como
para tenerlos por acreditados individualmente, unidos demuestran la eficacia que con dicho sistema
cumplió con su función de ocultar los hechos que se perpetraban. Por estos casos que voy enumerar
ahora, pido concretamente la absolución.
Creo también necesario aclarar respecto del delito de encubrimiento que la no imputación a alguno de
los integrantes de determinadas juntas se debe a que teniendo al máximo de pena conminada, se
encontraba prescripto, teniendo en cuenta la fecha de asunción de la respectiva comandancia en jefe.
Se ha probado durante este juicio la existencia de un plan criminal que no concluyó cuando fueron
reemplazados los procesados GALTlERI, ANAYA y LAMI DOZO. La crisis interna que produjo entre
las autoridades del Proceso de Reorganización Nacional la derrota militar sufrida en las Islas
Malvinas, no importó ningún cambio en las directivas dadas a raíz de la lucha contra la subversión.
Esta fiscalía ha probado que hubo por lo menos una persona privada ilegalmente de su libertad y
reducida a servidumbre cuando abandonaron sus cargos los procesados GALTERI, ANAYA y LAMI
DOZO. La mera posibilidad de que Victor Melchor BASTERRA haya continuado en la condición
descripta durante este alegato, merece ser investigada. Pero, ademas, este Ministerio Público ha
aportado suficientes elementos de prueba para inferir que los encubrimientos de los delitos por los
que aquí he acusado, siguieron cometiéndose cuando asumieron el poder los miembros de la última
Junta Militar del Proceso de Reorganización Nacional y la Presidencia de la Nación el general
Reynado BIGNONE.
Entiendo que también habría que investigar si se siguieron proporcionando informes falsos a la
Justicia. Por ello, en cumplimiento del deber que me es impuesto por la ley, dejo formulada la
denuncia anterior, para que se investigue por donde corresponda la posible comisión de delitos por
parte del general Cristino NICOLAIDES, el almirante Rubén Oscar FRANCO, el brigadier Augusto
Jorge HUGHES y el general Reynaldo BIGNONE.
Señores jueces: quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta
requisitoria.
Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino.
Señores jueces: ‘Nunca más».
Alegato completo del fiscal Julio César Strassera https://www.educ.ar/recursos/129090/alegato-final-del-fiscal-julio-cesar-strassera/download/inline
Gracias por compartir tu mirada sobre esta película. Si sirve el dato, también se encuentra en audio descripción para que las personas con discapacidad visual, puedan comprender mejor la trama.