Luego de cinco años de investigación, este viernes la Justicia condenó por abuso sexual simple al exsubsecretario de Trabajo, Alejandro Jofré, y lo inhabilitó de por vida a volver a ejercer cargos públicos.
El juez del Segundo Juzgado Penal, Luis Rafael Correa Llano, lo sentenció a la pena de prisión por 2 años y 6 meses en suspenso. El funcionario de la gestión de Alfredo Cornejo (2015-2018) no irá preso, ya que se trata de un delito excarcelable.
Jofré estaba imputado por perpetrar ocho episodios de abuso sexual a tres trabajadoras de la cartera que tenía al mando, durante las jornadas laborales. Fue denunciado en diciembre de 2017 ante la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual, pero recibió la imputación seis meses después, en julio de 2018. Cabe destacar que un mes antes de que sea acusado formalmente por el delito, le presentó la renuncia indeclinable a Cornejo y dejó su cargo.
La fiscal que llevó el caso fue Cecilia Bignert, quien lo imputó en tres causas por siete casos por abuso sexual simple (tocamientos) y uno por abuso sexual simple en grado de tentativa. Sin embargo, quién ocupó el rol de acusador durante el juicio fue el jefe de la Fiscalía de Tránsito, Darío Tagua.
LOS ALEGATOS
El fiscal Tagua solicitó durante su alegato una condena de 6 meses de prisión en suspenso para Jofré. Por su parte, la querella, integrada por la abogada Julieta Nacif y el abogado Alfredo Guevara Escayola, formuló una acusación solicitando la pena de 3 años de prisión, también en suspenso, porque consideraron que “el punitivismo no constituye la reparación principal”.
En efecto, plantearon que se condene al imputado a la pena de inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos, que establece el Código Penal, para el caso en que los delitos de abuso sexual sean cometidos por un funcionario público en el ejercicio de sus deberes.
En tanto, la defensa a cargo del abogado Juan Day, alegó que el exfuncionario es inocente y pidió el sobreseimiento.
Por otro lado, la querella solicitó también que “la condena estableciera el deber de que el Estado Provincial pidiera disculpas públicas a las víctimas, que tuvieron que transitar situaciones de persecución laboral, y esperar seis años para llegar a juicio”.
Asimismo, requirieron que la condena establezca el deber del Estado Provincial de “sancionar un protocolo de actuación ante casos de violencia de género en el ámbito laboral en todas las dependencias públicas”.
Si bien el Tribunal no se expidió sobre estas últimas solicitudes, hizo lugar al pedido de inhabilitación absoluta perpetua para ocupar cargos públicos, lo que implicará que Jofré no podrá seguir impartiendo cátedra en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, y deberá actuar el Tribunal de Ética del Colegio de Abogados a los efectos de tratar el pedido de exclusión de la matrícula que se formulará, en caso de que no actúe de oficio.
